El Gobierno dominicano del el presidente Luis Abinader y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía y sectores sociales, alcanzó un acuerdo en el marco del Consejo Económico y Social (CES) para enfrentar los retos derivados de la crisis haitiana. Los consensos abarcan control fronterizo, cooperación internacional, modernización institucional y un enfoque integral de la política migratoria.
Puntos claves:
- Se reafirmó la defensa de la soberanía y la seguridad nacional.
- Se acordó continuar con la verja perimetral inteligente y reforzar la vigilancia fronteriza.
- Se impulsará un sistema de registro biométrico unificado e interoperable.
- Se fortalecerán alianzas internacionales para combatir redes ilícitas y atender a víctimas.
- La migración será abordada como política de Estado, con enfoque integral y respeto a los derechos humanos.
El resultado fue un documento integrado de acuerdos que, por primera vez, establece una política migratoria de Estado con ejes claros en control, seguridad, cooperación internacional y desarrollo fronterizo.
El acuerdo establece que la migración debe gestionarse de manera legal, ordenada y segura, protegiendo tanto la soberanía nacional como los derechos humanos. Se subrayó que la migración haitiana no es nueva, pero ha adquirido dimensiones extraordinarias en la última década, con fuerte impacto en agricultura, construcción y servicios.

Fortalecimiento del control fronterizo
Uno de los principales consensos fue reforzar el control migratorio a través de tecnología avanzada, inteligencia especializada y cooperación internacional. Se acordó continuar con la verja perimetral inteligente en la frontera, instalar sistemas de videovigilancia con biometría y reconocimiento facial, y crear una unidad especializada contra la trata y tráfico de personas.
Asimismo, se modificará la legislación sobre tráfico ilícito de migrantes y se actualizarán reglamentos para enfrentar nuevas modalidades del crimen organizado.

El documento subraya que la República Dominicana debe liderar la agenda migratoria en la región. Para ello, se deben de establecer compromisos con organismos como la OIM, UNICEF, PNUD, FAO, OEA, Unión Europea y Banco Mundial. También se promoverá la interoperabilidad de datos en el marco del SICA y CARICOM.

Transición productiva
Otro eje de los acuerdos es la modernización de la Dirección General de Migración (DGM), la digitalización de trámites y la eliminación de trabas burocráticas. Se impulsará un Programa Nacional de Mecanización Agrícola y planes de reconversión laboral en zonas fronterizas, buscando reducir la dependencia de mano de obra irregular.

Gestión de servicios públicos y monitoreo
La política migratoria acordada vinculará el acceso a servicios públicos con residencia legal, escolaridad y vacunación, garantizando atención humanitaria en casos de necesidad. Además, se implementará un registro biométrico unificado interoperable entre la DGM, SNS, MINERD y la JCE, así como auditorías trimestrales para monitorear el uso de servicios por parte de población migrante.