El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, planteó que se podría aplicar una indexación salarial parcial que «no ponga en juego» a las finanzas públicas, abriendo una brecha en un debate público en el que el Gobierno se opone a variar su congelación en la ley de presupuesto, una postura defendida incluso por su antecesor, José Manuel –Jochi– Vicente.
Al ser preguntado sobre si el salario mínimo exento del impuesto sobre la renta (ISR) debería ser ajustado anualmente por inflación, Díaz –también extitular de Impuestos Internos– dijo ayer que estaría de acuerdo con una medida parcial que no comprometa la estabilidad del fisco. «Eso es lo importante», remarcó.
Recordó que en el 2017, año en el que la medida se congeló por primera vez a través de la ley presupuestaria, solo alrededor del 10 % de los asalariados pagaba este impuesto, por lo que la decisión se tomó, principalmente, para ampliar la base tributaria.
Sin «lógica económica»
Para Vicente –al frente de Hacienda hasta julio de este año– la República Dominicana es «particularmente generosa» con el salario mínimo exento de pagar el ISR si se le compara con sus pares de la región.
En un análisis compartido en sus redes sociales, señaló que el 78 % de los trabajadores sociales no pagan este impuesto, porque sus sueldos quedan por debajo del límite exento para pagarlo.
«Cuando una exención cubre a casi toda la masa salarial, no tiene lógica económica seguir ampliándola. Ajustar los tramos por inflación solo mantendría –o ampliaría– el número de exentos, reduciendo aún más la base imponible y, por lo tanto, la recaudación», puntualizó.
Sigue faltando una reforma fiscalTanto Díaz como Vicente coincidieron en que indexar o no los salarios depende, en todo caso, de una reforma fiscal.
«No podemos abocarnos ahora a medidas aisladas», puntualizó Díaz, ya que advirtió que una indexación total e inmediata podría implicar una pérdida significativa de los ingresos para el Gobierno.
Indicó que, por el momento, se encuentra en una fase de escuchar a más de 50 gremios y sectores productivos sobre el tema.
Tema de debate
En un contexto en el que se refleja un mayor costo de vida, el hecho de si debería estar congelada o no la indexación salarial es un tema que ha generado debate.
La semana pasada, el presidente Luis Abinader advirtió que, si bien es cierto que la disposición del Código Tributario es «justa y necesaria», implicaría menos ingresos al fisco, lo que obligaría a reducir fondos destinados a áreas sensibles por su impacto social.
«Si lo hacemos, hay que decir a quién le quitamos los recursos: ¿a salud o a educación?», cuestionó el mandatario en medio de señalamientos por parte de la oposición.
El senador por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, reclamó su aplicación por los altos costos de la canasta básica familiar, mientras que Guarocuya Félix, miembro del Comité Político del PLD –Gobierno que implementó esta medida en el 2017– aseguró que restituir la indexación constituye «una respuesta responsable a una realidad económica profundamente transformada».
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, planteó que se podría aplicar una indexación salarial parcial que «no ponga en juego» a las finanzas públicas, abriendo una brecha en un debate público en el que el Gobierno se opone a variar su congelación en la ley de presupuesto, una postura defendida incluso por su antecesor, José Manuel –Jochi– Vicente.
Al ser preguntado sobre si el salario mínimo exento del impuesto sobre la renta (ISR) debería ser ajustado anualmente por inflación, Díaz –también extitular de Impuestos Internos– dijo ayer que estaría de acuerdo con una medida parcial que no comprometa la estabilidad del fisco. «Eso es lo importante», remarcó.
Recordó que en el 2017, año en el que la medida se congeló por primera vez a través de la ley presupuestaria, solo alrededor del 10 % de los asalariados pagaba este impuesto, por lo que la decisión se tomó, principalmente, para ampliar la base tributaria.
Sin «lógica económica»
Para Vicente –al frente de Hacienda hasta julio de este año– la República Dominicana es «particularmente generosa» con el salario mínimo exento de pagar el ISR si se le compara con sus pares de la región.
En un análisis compartido en sus redes sociales, señaló que el 78 % de los trabajadores sociales no pagan este impuesto, porque sus sueldos quedan por debajo del límite exento para pagarlo.
«Cuando una exención cubre a casi toda la masa salarial, no tiene lógica económica seguir ampliándola. Ajustar los tramos por inflación solo mantendría –o ampliaría– el número de exentos, reduciendo aún más la base imponible y, por lo tanto, la recaudación», puntualizó.
Sigue faltando una reforma fiscalTanto Díaz como Vicente coincidieron en que indexar o no los salarios depende, en todo caso, de una reforma fiscal.
«No podemos abocarnos ahora a medidas aisladas», puntualizó Díaz, ya que advirtió que una indexación total e inmediata podría implicar una pérdida significativa de los ingresos para el Gobierno.
Indicó que, por el momento, se encuentra en una fase de escuchar a más de 50 gremios y sectores productivos sobre el tema.
Tema de debate
En un contexto en el que se refleja un mayor costo de vida, el hecho de si debería estar congelada o no la indexación salarial es un tema que ha generado debate.
La semana pasada, el presidente Luis Abinader advirtió que, si bien es cierto que la disposición del Código Tributario es «justa y necesaria», implicaría menos ingresos al fisco, lo que obligaría a reducir fondos destinados a áreas sensibles por su impacto social.
«Si lo hacemos, hay que decir a quién le quitamos los recursos: ¿a salud o a educación?», cuestionó el mandatario en medio de señalamientos por parte de la oposición.
El senador por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, reclamó su aplicación por los altos costos de la canasta básica familiar, mientras que Guarocuya Félix, miembro del Comité Político del PLD –Gobierno que implementó esta medida en el 2017– aseguró que restituir la indexación constituye «una respuesta responsable a una realidad económica profundamente transformada».
