El Secretario de Asuntos Jurídicos del partido Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, señaló que el proceso iniciado por el Ministerio Público, a partir del cual se han solicitado medidas de coerción en contra del antiguo Director del INTRANT, Hugo Beras, del empresario Jochi Gómez y de otras personas, debe llegar hasta las últimas consecuencias, pues el escándalo que destapa la señalada persecución judicial parecer ser sólo «la punta del iceberg» de un complejo entramado criminal que podría implicar a otros funcionarios públicos.
Martínez, entrevistado en el programa «Entre Noticias y Más», que se transmite en el canal TELEUNIÓN, y que conduce el comunicador Luis Córdova y el periodista Onelio Domínguez, afirmó que la solicitud de medidas de coerción que ha sido presentada por el Ministerio Público «contiene información que debe dar lugar a nuevas líneas de investigación, y plantea interrogantes que merecen una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno del PRM.»
Agregó que «resulta inexplicable cómo desde las más altas esferas del Gobierno se facilitaran los fondos que permitieron concertar la operación ahora cuestionada, pues el INTRANT no disponía de recursos para tales fines.»
El alto dirigente del partido que encabeza el ex presidente Leonel Fernández destacó que en el expediente se hace constar que las herramientas tecnológicas inherentes a la red semafórica y de videovigilancia se pusieron al servicio de una empresa dedicada a tareas de investigación privada, con el aparente propósito de llevar a cabo actividades de espionaje, invadiendo la intimidad de las personas.
«El relato que hace el Ministerio Público en el documento que recoge la solicitud de medidas de coerción es espeluznante. Se ofrecen detalles en torno a un proceso de licitación diseñado para beneficiar a una empresa pretederminada, para lo cual se incurrió hasta en la falsificación de documentos. Se reseñan actos de sabotaje a la red semafórica que pusieron en peligro la seguridad de quienes transitan en el Gran Santo Domingo, y se describe un entramado criminal dirigido a depredar los recursos del Estado», apuntó el abogado y dirigente político.
El dirigente de Fuerza del Pueblo advirtió que las indagatorias realizadas por el Ministerio Público deben profundizarse, pues hay múltiples interrogantes que deben ser respondidas. «¿Quiénes intervinieron para asegurar que el INTRANT dispusiera de fondos para concretizar ese contrato, a pesar de los serios cuestionamientos que lo rodeaban?, ¿Quiénes en el Gobierno estaban al tanto de las objeciones al señalado contrato por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones, y por qué no hicieron nada para impedir que el proceso continuara? ¿Quiénes sabían del uso ilegal de la tecnología implementada para espiar a ciudadanos privados? Estas y otras preguntas merecen respuestas satisfactorias por parte del Gobierno del PRM», puntualizó el licenciado Martínez, durante la entrevista.
