Santo Domingo.-Las empresas que sean investigadas por corrupción serán inhabilitadas y no podrán participar en licitaciones ni hacer contratos con el Estado dominicano y sus representantes serán inhabilitados para realizar una función pública por cinco años.
Estas son parte de las mejoras que trae la nueva Ley de Compras Públicas, la cual entrará en vigencia en enero del próximo año.
Indicó que una empresa que cometa un acto de corrupción será cerrada de manera temporal y, si se puede probar, se realizará la disolución de la empresa.
La magistrada fue enfática al hablar sobre el tema y señaló que, cuando se comete corrupción, los fondos que deben ir a salud pública, educación y seguridad no llegan, y aseveró que en los actos de corrupción la sociedad es la mayor víctima.
Estas normativas también sancionarán a los servidores públicos que no actúen apegados a la ética y a sus funciones.
Auditoría visual
De hecho, un servidor público podrá ser investigado si se le realiza una auditoría visual.
Es decir, si sus transacciones bancarias, consumos y estilo de vida no corresponden con los ingresos generados por los servicios brindados al Estado.
La magistrada enfatizó que la honestidad es un requisito para que la ciudadanía pueda realizar auditoría social.
“La honestidad, transparencia y eficiencia no son valores agregados de un servidor público, son intrínsecos a la labor de un funcionario”, resaltó. La magistrada informó que la Dirección de Ética y Transparencia lleva a cabo una campaña para que la ciudadanía pueda realizar denuncias anónimas o no de corrupción, la cual apoyan en su totalidad.
Indicó que las denuncias llegarán de manera virtual hasta la Procuraduría General de la República, específicamente a su Procuraduría Especializada para Investigación de la Corrupción Administrativa, y la misma iniciará una investigación.
Mayor alcance con la entrada en vigencia de la actualización del Código Penal y de la Ley de Compras Públicas, significa que, por primera vez en República Dominicana, la corrupción es un delito autónomo, resaltó Berenice Reynoso.
Acto de corrupción
Explicó que cualquier hecho doloso que afecte al patrimonio público es un acto de corrupción, y ese acto de corrupción no necesariamente tiene que estar descrito como un tipo específico, sino que puede ser sancionado como un tipo penal autónomo, similar a la ley de lavado de activos.
“Es importante que la sociedad entienda que el patrimonio público no es del Gobierno, es de la sociedad, y es nuestra obligación protegerlo”, manifestó durante una conferencia sobre el nuevo Código Penal en la Dirección General de Aduanas.
Delitos empresarial
—Proceso judicial
Entre las novedades del nuevo Código Penal se encuentran: el hecho de que, por primera vez, las empresas pueden ser procesadas penalmente por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.
Conferencia para conocer la ley
Objetivo. La conferencia fue realizada en virtud de las recomendaciones impartidas por el presidente de la República, Luis Abinader, en un Consejo de Gobierno, con la finalidad de conocer las nuevas figuras establecidas en la nueva norma, tras su promulgación.
El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, expresó que el cumplimiento de las leyes, la defensa de la institucionalidad y la lucha frontal contra los ilícitos aduaneros.
Explicó que esta conferencia es didáctica y ayudará aún más a prevenir y enseñar a los contribuyentes y a todos los que interactúan con el comercio.
