La crisis electoral en Haití es oficial. Tal como se había previsto, la esperanza de celebrar elecciones el próximo 15 de noviembre ha colapsado.
El Consejo de Transición Política (CTP) y el Consejo Electoral Provisional (CEP) han reconocido formalmente su incapacidad, colapsando la esperanza de celebrar elecciones en noviembre de 2025 y pateando la primera vuelta presidencial y legislativa hasta el 1 de febrero de 2026.
Pero este fracaso, que el CTP juzga necesario para «garantizar una organización ordenada y transparente» tras constatar que el plazo original de 90 días era insuficiente, esconde la verdad más grave: Haití se dirige directamente hacia el inminente vacío de poder que tanto teme la ONU.
El problema no es el retraso, sino la fragilidad del nuevo compromiso y la peligrosa brecha legal que inaugura.
Tres meses sin autoridad legítima
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Representante Especial, Carlos G. Ruiz Massieu, ya encendió las alarmas, advirtiendo que el país se dirige hacia un «colapso institucional» sin precedentes.
La razón es sencilla, pero devastadora, y constituye el riesgo central de la transición. Veamos: La fecha límite legal e inamovible para la expiración del período de transición y del mandato del CPT es el 7 de febrero de 2026. Su acuerdo fundacional no permite una prórroga.
El calendario electoral, por su parte, prevé la toma de posesión del nuevo jefe de Estado el 14 de mayo de 2026.
Esto crea una peligrosa zona gris institucional de más de tres meses (exactamente 96 días) sin una autoridad legítima o constitucional al mando.
Si no se establece y acepta un mecanismo claro de gobernanza de emergencia para este lapso, el temor de la ONU a un colapso se convertirá en una realidad inevitable.
La fuente del riesgo
El riesgo de vacío de poder no es accidental, sino que está integrado en la propia estructura de la transición y se agrava por la ingobernabilidad actual.
El CTP tiene una «fecha de caducidad» obligatoria (el 7 de febrero de 2026); la incapacidad de organizar las elecciones antes de esta fecha fuerza la brecha con la investidura presidencial.
El primer ministro y el Gabinete, que actúan como gestores diarios, perderán su fuente de legitimidad (el CTP) después del 7 de febrero. Su autoridad quedará gravemente comprometida, exacerbando la crisis constitucional.
La creación de un tercer órgano de gobernanza que debía mitigar el riesgo de ingobernabilidad aún no se ha logrado establecer.
El escenario más probable es un riesgo constitucional forzando a las ya divididas fuerzas políticas a negociar un nuevo acuerdo político de emergencia para determinar quién ejercerá el poder entre febrero y mayo de 2026, un pacto que iría en contra del espíritu del acuerdo original.
A la brecha legal se suma una profunda erosión de la confianza que nace desde el propio seno del CPT.
Por ejemplo, declaraciones cruciales del consejero-presidente Frinel Joseph no solo pusieron en duda la fecha original de noviembre, sino que sugirieron públicamente que el nuevo plazo de febrero de 2026 «podría no respetarse».
Esta voz interna socava irremediablemente la confianza en la capacidad del propio Consejo para cumplir su misión, sumándose a las críticas por su incapacidad de gobernar.
Aunque el CTP cuenta con un calendario detallado (de noviembre de 2025 a mayo de 2026) y supuestamente tiene la financiación de 65 millones de dólares asegurada, la declaración de un miembro clave hace que el futuro de Haití dependa menos de un calendario en papel y más de si los actores podrán sostener la estabilidad durante el peligroso período de espera.
El destino político de Haití se encuentra atascado en un ciclo vicioso de postergación y riesgo institucional.
La solución democrática se ha pateado a más de medio año de distancia, y la posibilidad real de que esta también se incumpla se mantiene alta.
La divergencia entre la fecha de fin de la transición (7 de febrero de 2026) y la investidura (14 de mayo de 2026) ha integrado un riesgo inminente en la arquitectura de poder haitiano.
El estancamiento político terminal es la consecuencia directa de una transición diseñada sin un mecanismo de prórroga, dejando el poder en el aire justo cuando más se necesita.
Para terminar, lejos de caer en el pesimismo estéril, la fragilidad institucional inseparable al actual proceso obliga a una reflexión crítica.
En el actual contexto de incertidumbre en Haití, asoma una pregunta clave: ¿Qué ocurriría si la primera vuelta presidencial y legislativa, pautada para el 1 de febrero de 2026, también resultara fallida o sujeta a impugnaciones de legitimidad?
Y de ocurrir, para rematar, ¿aguantaría Haití el remezón de un nuevo colapso?
