El título del presente artículo hace alusión el más reciente reporte de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), sobre las perspectivas económicas y la pertinencia de una nueva estrategia de desarrollo económico para la región.
El nuevo contexto latinoamericano ha generado importantes retos de desarrollo propios del aumento de los niveles de ingreso, lo que ya se conoce como “las nuevas trampas del desarrollo”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha identificado cuatro nuevas trampas del desarrollo, que son la vulnerabilidad social, la baja productividad laboral, la escasa confianza en las instituciones y las amenazas ambientales.
En adición, la región ha alcanzado niveles de producto interno bruto (PIB) per cápita, en los que “el ingreso pierde relevancia como componente del bienestar”. Es una realidad que estamos viviendo en la República Dominicana, donde queda claro que el desarrollo económico por sí solo no es suficiente para enfrentar las graves brechas que conforman la deuda social.
Esta realidad nos obliga a hacer conciencia sobre los límites que existen en los modelos de desarrollo, que no solo están creando una insatisfacción desde el punto de vista de sus resultados, sino también, desde el punto de vista del apoyo de los ciudadanos a las acciones de interés público.
Otro componente que se suma a los retos para el desarrollo de la región es la complejidad del contexto internacional, que deja claro que las políticas públicas tradicionales no son suficientes para generar desarrollo incluyente y sostenible.
Si bien es cierto que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa un amplio consenso en torno al modelo de desarrollo que debe imperar para lo que resta de la década, no menos cierto es que la región enfrenta retos cambiantes que son fundamentales para definir el curso de las acciones del Estado y el resto de la sociedad y que, a la vez, demandan nuevos esquemas de cooperación. Estos nuevos esquemas buscan contrarrestar las brechas fiscales, de ahorro y de inversión, las brechas de acceso a mercado de capitales y las dificultades para atraer inversión extranjera directa.
En resumen, son tres grandes retos: la presión generada por el aumento en el nivel de ingreso; las trampas que genera la pérdida de relevancia del ingreso como factor de bienestar y el complejo contexto internacional. Estas tres realidades deberán guiar el debate político de los años venideros, para que podamos avanzar en decisiones clave como la mejora en la elaboración de políticas públicas y la obtención de financiamiento para el desarrollo.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, ha dicho que la idea detrás del concepto “desarrollo en transición”, surge de la insatisfacción con la medición del PIB per cápita, que ha generado que un país, luego de alcanzar cierto nivel económico, no es apto para recibir ayuda oficial al desarrollo, ni acceso a fondos concesionales, ni un tratamiento diferenciado en materia comercial.
En distintos foros internacionales nos ha tocado denunciar esa situación, que afecta fuertemente a la República Dominicana, por considerar que un mayor nivel de ingreso no necesariamente se traduce en reducción de la pobreza y de la desigualdad social. Ante estas realidades y las presiones que se generan:
¿Deberíamos estar trabajando en un nuevo concepto de contrato social? Apostemos a un contrato que no se enfoque en el ingreso, sino que se enfoque en el compromiso de los ciudadanos con sus obligaciones sociales.
