SANTO DOMINGO, RD. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República dejaron conformada una mesa técnica interinstitucional que busca establecer criterios estandarizados para la evaluación y verificación de los procedimientos de contratación pública, a fin de contribuir a la agilización de los tiempos de pagos a los proveedores del Estado y robustecer los controles internos.
Durante una reunión entre el director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y el contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, coincidieron en que una de las razones que suele retrasar el pago a los contratistas es la diversidad de criterios de los auditores de las distintas instituciones, a la hora de evaluar los expedientes de compras, razón por la que es necesario estandarizar el proceso de verificación de la documentación a fin de reducir la discrecionalidad de la evaluación y evitar la devolución de expedientes.
Asimismo, los equipos técnicos de ambas instituciones acordaron la creación de un curso básico especializado para auditores, orientado a robustecer su formación en cuanto a las políticas y normativas que rigen las contrataciones públicas, así como la creación de una base de acceso a datos compartidos que permitiría rastrear la trayectoria de los expedientes, desde su planificación hasta el momento del pago por parte de la Tesorería Nacional.
“Hemos desarrollado una agenda que va a permitir fortalecer los lazos de colaboración interinstitucional con el objetivo de fortalecer los controles, garantizar el cumplimiento de la Ley 340-06, y al mismo tiempo, esa coordinación va a permitir que los procesos de contratación, desde la etapa de planificación hasta la etapa de pago, puedan ser mucho más ágiles en beneficio del país, de los proveedores y del Sistema de Compras y Contrataciones”, puntualizó Pimentel.
Por su parte, el titular del órgano rector del control interno, agregó que el interés de ambas instituciones es contribuir a eficientizar y transparentar la administración pública. “Estos son los órganos vitales para el funcionamiento efectivo de la economía y estamos revisando qué debemos mejorar, tanto en la ley 340-06 como en la 10-07”, dijo Correa Hiciano.
