Santo Domingo, RD. — La Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) reiteró este jueves su llamado de atención al Poder Ejecutivo para que intervenga y reconsidere la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) de implementar la cápita diferenciada por edad y sexo en el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS), al advertir que dicha resolución pone en riesgo la sostenibilidad financiera y la equidad del sistema.
La entidad recordó que el pasado 4 de diciembre de 2025 remitió una carta abierta al presidente de la República, Luis Abinader Corona, solicitando su mediación como máxima autoridad del Estado ante una decisión aprobada por el CNSS en octubre del mismo año, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta.
ADIMARS ha manifestado de manera consistente su rechazo total a esta modalidad de financiamiento, al considerar que la metodología utilizada para el cálculo del nuevo cápita presenta debilidades técnicas significativas. En ese sentido, explicó que el modelo aprobado se fundamenta exclusivamente en las variables de edad y sexo, lo cual es el resultado de datos insuficientes e inexactos para explicar el riesgo real en salud de una población asegurada.
«La evidencia y la literatura internacional indican que estas dos variables apenas explican alrededor del 2% del riesgo total en salud, por lo que su uso aislado conduce a un modelo incompleto y sesgado», señaló la asociación.
Asimismo, ADIMARS indicó que países con sistemas similares al dominicano, como Colombia, Chile, Argentina y Uruguay, utilizan modelos multivariados de ajuste por riesgo, que incorporan factores como prevalencia de enfermedades crónicas, carga de enfermedad, condiciones geográficas, acceso efectivo a los servicios, uso de prestaciones, precios, tarifas, protocolos y guías médicas, entre otros elementos que no fueron considerados en la metodología aprobada por el CNSS.
La asociación también expresó su preocupación por el uso de datos de consumo, frecuencia de utilización y gastos correspondientes al año 2024, provenientes de todas las ARS del sistema, incluyendo la ARS pública (SENASA), cuyos registros se encuentran bajo cuestionamientos públicos y procesos de investigación judicial.
«El uso de datos potencialmente distorsionados, provenientes de una entidad que representa aproximadamente el 38% de la población afiliada al régimen contributivo, compromete seriamente la validez de los resultados e induce a decisiones erradas con impactos estructurales para todo el sistema», advirtió ADIMARS.
Llama poderosamente la atención que el CNSS y la SISALRIL ante el escandaloso caso de SENASA no hayan tomado la iniciativa de retirar esta resolución.
Dichos impactos inducirían entre otros aspectos, el incremento del gasto de bolsillo para los afiliados a través del aumento de copagos, imposibilidad de incremento de tarifas a los prestadores de servicios, o incluso la suspensión de servicios médicos y hasta la desaparición de más de diez ARS que serán afectadas con la medida.
Finalmente, la entidad reiteró que los ajustes por riesgo son necesarios y positivos para la sostenibilidad de los sistemas de aseguramiento en salud, siempre que se basen en metodologías técnicamente correctas, transparentes y alineadas con estándares internacionales, y no en esquemas improvisados que lo único que provocan es una redistribución de fondos, creando así profundas iniquidades y oligopolios, generando privilegios y afectando directamente a los afiliados y a todos los actores del sistema de seguridad social dominicano propiciando un oligopolio.
