SANTO DOMINGO, RD. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, denunció este martes que la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha incurrido en graves violaciones a la Ley General de Electricidad 125-01 y a la propia Constitución de la República, a lo largo del proceso, cuya culminación fue anunciado el 30 de junio del año en curso.
La Comisión Liquidadora fue creada por el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto 342-20 del Poder Ejecutivo, el 16 de agosto de 2020, integrada por los ministros de Energía y Minas, Antonio Almonte Reynoso, presidente; ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, miembro y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Romero, como secretario,
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, manifestó que luego del anuncio, con el que la institución estaba de acuerdo por las motivaciones de la disposición presidencial, que procuraba la reforma estructural del sector eléctrico y su fortalecimiento institucional.
“Entendíamos que se respetarían las disposiciones legales que permitan una transición transparente y donde no se vea afectado el patrimonio público, como se ha producido, al realizar una serie de diligencias, que sólo podían realizarse con la debida modificación de la Ley, por parte del Congreso Nacional, constituyendo irregularidades graves, el uso de los fondos asignados en el presupuesto general de nación a la CDEEE, así como disponer de su patrimonio mobiliario e inmobiliario, como el local principal de la CDEEE, tomado por el Ministerio de Energía y Minas” expresó Tiburcio.
El vocero de la organización, fundamenta su denuncia en los siguientes aspectos legales a saber:
La Ley General de Electricidad, No. 125-01, del 26 de julio de 2001: Artículo 138.- Se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuyas funciones consisten en liderear (liderar) y coordinar las Empresas Eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP). Esta Corporación financiará sus actividades con sus recursos asignados en la Ley de Gastos Públicos, con financiamiento y con cualesquiera otros fondos especializados que les asignen de manera específica.
