La Altagracia, República Dominicana —. La diputada por la provincia La Altagracia y abogada, Carmen De La Rosa, fijó una postura firme ante la sentencia TC/01225/25 del Tribunal Constitucional, emitida el 18 de noviembre de 2025, que declara inconstitucionales los artículos que penalizaban las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos policiales y militares.
La decisión del Tribunal deja sin efecto el artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que establecían penas de hasta dos años de prisión. La alta corte argumentó que estas disposiciones violaban derechos como la dignidad humana, la intimidad, la libre personalidad y el derecho al trabajo.
La legisladora expresó su profunda disconformidad con el fallo, calificándolo como «un giro radical respecto a los valores esenciales que sustentan la familia, la moral y la identidad cultural del pueblo dominicano».
De La Rosa advirtió que esta decisión podría «abrir la puerta a cambios normativos y sociales de consecuencias impredecibles», y cuestionó que instituciones encargadas del orden público adopten criterios que, según afirmó, «no representan el sentir de la mayoría de los dominicanos».
Como abogada, la diputada agregó una valoración jurídica adicional:
«Esta sentencia no solo modifica una norma; redefine un criterio institucional que por décadas ha regido la conducta interna de cuerpos disciplinarios. Considero que el Tribunal Constitucional debió ponderar con mayor profundidad el impacto social, jurídico y operativo de esta decisión».
Llamado a la ciudadanía
La legisladora altagraciana llamó a los ciudadanos a «mantenerse vigilantes y firmes en la defensa de los valores que han forjado nuestra identidad como nación».
«La República Dominicana necesita un marco jurídico que fortalezca la convivencia y la moral social, no uno que genere incertidumbre en instituciones que requieren disciplina y claridad normativa», afirmó.
Finalmente, exhortó a la población a actuar «con responsabilidad, valentía y compromiso en defensa de los principios en los que creemos como sociedad».
