Santiago, R.D. – El dirigente político y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Jeffrey Infante, cuestionó la reciente reorganización del sistema de transporte masivo anunciada por el Poder Ejecutivo, al considerar que la medida concentra en una sola estructura todas las funciones estratégicas vinculadas al desarrollo de grandes obras de movilidad en el país.
Infante afirmó que, con la nueva designación presidencial que coloca al Fideicomiso para el Desarrollo del Transporte Masivo (FITRAM) y a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) al frente del diseño, la contratación, la construcción, la supervisión y la operación del transporte masivo, se elimina la segregación de funciones que garantiza controles efectivos y vigilancia independiente. «Con esta decisión, FITRAM ahora se diseña, se licita y se supervisa a sí mismo», expresó.
El exaspirante a la alcaldía de Santiago señaló que esta concentración de poder institucional se produce en un momento en que, según indicó, persisten dudas sobre la calidad, la eficiencia y la gestión financiera de proyectos recientes.
Citó como ejemplos el incremento del costo del Monorriel de Santiago respecto a lo inicialmente anunciado, las fallas visibles en la Línea 2C del Metro previas a su inauguración y la baja afluencia registrada en los teleféricos de Santiago y Los Alcarrizos. Agregó además que la decisión de impulsar un monorriel para Santo Domingo contravino estudios técnicos que recomendaban un sistema tipo metro.
Para Infante, integrar todas las etapas de los proyectos en una sola estructura no fortalece la gobernanza, sino que debilita la transparencia. «El país no puede permitirse que el mismo que decide sea el que licita, el que construye y el que se audita a sí mismo. Con ese historial, ¿la solución era eliminar controles?», cuestionó.
También llamó al presidente Luis Abinader a explicar a la ciudadanía cuáles serán los mecanismos reales de supervisión externa ante el nuevo modelo de gobernanza del transporte masivo.
En ese sentido, afirmó que la decisión no solo transforma la arquitectura institucional, sino que plantea interrogantes sobre la calidad de los contrapesos en una de las áreas más sensibles y de mayor inversión del Estado dominicano. «El país necesita claridad sobre quién supervisa al que ahora lo controla todo», subrayó.
