La confirmación de funcionarios gubernamentales ofrece oportunidad para corregir distorsiones que afectan al sector de los juegos de azar en el país.
Como es de conocimiento general, el Señor Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, ha sido confirmado en las funciones que desempeña por el Honorable Señor Presidente de la República, Luis Abinader, en ocasión de iniciarse su segundo mandato constitucional al frente del Poder Ejecutivo. Del mismo modo, no se ha producido cambio alguno en la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar, encabezada por la licenciada Claudia Álvarez Troncoso.
Al tiempo de extenderles nuestros parabienes a los indicados funcionarios, y de desearles el mayor de los éxitos en el cumplimiento de las tareas que les han sido encomendadas, los empresarios que integramos la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas, Inc. (ADOBAD) aprovechamos la oportunidad para solicitarles encarecidamente que hagan mayores esfuerzos para corregir las gravísimas distorsiones que afectan al mercado de los juegos de azar en el país, muy especialmente las que implican violaciones a las leyes que lastiman los derechos de los propietarios de bancas de apuestas a los deportes profesionales.
Decimos esto porque, a pesar de que desde febrero del año 2022 se ha puesto en marcha un Plan de Regularización del sector en el que participamos, es muy poco lo que se ha hecho para enfrentar los múltiples malestares que impiden el correcto funcionamiento de las bancas de apuestas deportivas, de conformidad con la Ley Núm. 29-06 y demás instrumentos normativos que regulan esta actividad comercial.
En efecto, continúan desarrollándose con manifiesta impunidad prácticas como la comercialización de apuestas deportivas a través de dispositivos móviles (veriphones), el ofrecimiento de juegos de azar electrónicos en bancas de lotería y “agencias hípicas”, la venta por internet de apuestas a los deportes profesionales y juegos electrónicos por parte de entidades no autorizadas, el funcionamiento de puntos de venta que operan sin contar con licencia alguna y en lugares no previstos en la ley, entre otras serias irregularidades que restan competitividad a nuestros negocios y hacen añicos la seguridad jurídica de nuestras inversiones.
Especial mención merece, en este punto, la puesta en vigencia de la Resolución Núm. 136-2024, al amparo de la cual los titulares de licencias para operar juegos en línea podrían instalar puntos físicos para que los usuarios realicen transacciones financieras de manera presencial, concernientes a toda clase de apuestas colocadas por Internet, y sin cumplir con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley Núm. 29-06, que regula a las bancas deportivas en el país.
Más aún, el tiempo transcurrido entre la promulgación de un decreto presidencial número 63-22, de fecha 9 de febrero del año 2022, que declara de interés nacional la regularización de este sector de la economía nacional, ha sido invertido de manera improductiva, pues las actuaciones de las autoridades se han limitado a la implementación de confusos trámites burocráticos, los cuales de nada han servido para superar los gravísimos problemas que desde hace años padecen los inversionistas y emprendedores dedicados a esta actividad económica.
Esperamos que las autoridades encargadas de regular este importante sector de la economía, el cual genera miles de empleos directos e indirectos y produce cuantiosos ingresos tributarios al Estado Dominicano, no sean indiferentes ante los complejos problemas que nos afectan, con lo cual estarían dichos funcionarios correspondiendo satisfactoriamente a la confianza que ha depositado en ellos el Honorable Señor Presidente de la República y, por su conducto, la nación entera.
