La reciente modificación aprobada por la Cámara de Diputados a la Ley 176-07, que eleva de 25 % a 30 % el tope presupuestario que los gobiernos locales pueden destinar a gastos de personal, merece una reflexión profunda y serena. No se trata de una discusión ideológica ni partidaria. Se trata de un debate esencial sobre cómo queremos que funcionen nuestras ciudades y municipios.
En vez de promover la eficiencia, esta reforma corre el riesgo de institucionalizar la ineficiencia. En lugar de fortalecer la capacidad transformadora de las alcaldías, limita su potencial. Porque ese 5 % adicional que se habilita para nómina no aparece mágicamente: se le resta a las inversiones en obras, infraestructura y servicios comunitarios. Es decir, se le quita a lo que realmente mejora la calidad de vida de la gente.
Ese 5 % puede representar decenas de millones de pesos anuales en municipios medianos, suficientes para construir aceras, parques, mercados o resolver problemas de drenaje pluvial que afectan a miles de familias.
La pregunta clave no es si los empleados municipales merecen mejores condiciones —porque sí las merecen—, sino si este es el camino correcto para lograrlo. ¿Realmente necesitamos más personal administrativo? ¿O necesitamos menos, pero mejor pagado y más capacitado?
Muchos gobiernos locales mantienen estructuras infladas, con personal cuya función no está claramente definida, y sin mecanismos formales de evaluación de desempeño. Si algo requiere el sistema municipal es una reorganización inteligente de su recurso humano: eliminar duplicidades, identificar funciones críticas, tecnificar al personal y crear un sistema de carrera basado en mérito.
Ampliar el margen de gasto para nómina sin exigir eficiencia es una solución fácil y peligrosa. Fácil porque evita decisiones difíciles; peligrosa porque compromete el desarrollo futuro. Y lo peor: convierte el gasto corriente en un obstáculo para la inversión.
No es sostenible que el crecimiento institucional de los municipios se dé a costa de sacrificar la inversión pública. Si seguimos apostando a estructuras infladas, los gobiernos locales se verán atrapados en el mantenimiento de una maquinaria que consume mucho y produce poco.
Lo que se necesita es otro enfoque. Uno que entienda que el talento técnico vale, que formar cuadros municipales fuertes es parte de una verdadera descentralización, y que ningún municipio podrá ser competitivo si sus mejores profesionales están desmotivados, mal pagados o en constante rotación.
Como ciudadano comprometido con la transformación de los gobiernos locales, creo firmemente que la eficiencia no se logra aumentando la nómina, sino profesionalizándola. La transformación de los municipios no vendrá por más burocracia, sino por mejores técnicos, más obras y mayor compromiso con la gente.
Exhorto al Senado de la República a revisar esta reforma con responsabilidad, y a la sociedad civil a levantar la voz: fortalecer a los municipios no es hinchar sus nóminas, es hacerlos más capaces, más técnicos y más eficientes.
