SANTO DOMINGO, RD. – Mientras cobra fuerza el rechazo a las operaciones de la planta de generación eléctrica de Seaboard Corporation en el río Ozama, desde Singapur, un país asiático a 17,689 kilómetros de República Dominicana, se abre camino por ruta marítima otra barcaza para iguales fines, en el mismo lugar, denominada Estrella de Mar III, presagiándose un nuevo ingrediente que atizará la controversia.
Sobre este caso, igual que la instalación de la planta Estrella de Mar II en 1989, expresaron sus opiniones en el programa “Desclasificado” de CDN destacados expertos como Orlando Jorge Mera, Luis Carvajal y Andy Dauhajre.
Luis Carvajal sostuvo que sobre la barcaza Estrella de Mar III no existe documentación de solicitud y recordó que para incorporar una nueva central térmica al sistema hay que depositar la documentación en la Superintendencia de Electricidad junto con la recomendación favorable de los diferentes organismos y tener aprobado el permiso medioambiental.
En este sentido, el biólogo y ambientalista dijo que cuando se aceptó la instalación de la planta en el río Ozama, el país tenía una situación muy crítica de energía, y fue parte de unos “acuerdos todavía muy ignominiosos para la economía dominicana porque nosotros seguimos pagando, subsidiando”.
El consenso general es que la estalación de la barcaza flotante fue, en ese momento, “una aprobación inédita”, y que el país, sin estudios ni antecedentes, se prestó a entregar uno de sus ríos más importantes para que una compañía extranjera instalara un negocio de alto impacto ambiental.
Orlando Jorge Mera, titular del Ministerio de Medio Ambiente, alertó que la operación de una planta generadora en el cauce del Ozama entra en conflicto con la agenda ambiental del país. “Hemos advertido, tanto a la Superintendencia de Electricidad como a las autoridades competentes, que estamos revisando estos permisos y que oportunamente daremos nuestra opinión”, declaró.
El ministro dijo que las plantas Estrella del Mar II y Estrella del Mar III “forman parte de un conjunto de permisos aprobados por la Administración anterior que nosotros estamos actualmente revisando”. Indicó que el anterior Gobierno autorizó estas operaciones y que el 10 de junio de 2020 una comisión de Industria y Comercio hizo un levantamiento para comprobar los términos de la operación de la actual planta y entre sus conclusiones, “determinaron que la cantidad de producción aprobada representa un sacrificio fiscal”.
Para el economista Andy Dauhajre hijo, constituye “una aberración” el hecho de que aún no se haya llegado a un acuerdo con los inversionistas privados “para, por mutuo acuerdo y compensando el Gobierno con lo que tenga que compensar por el traslado, esto no se haya producido”. Más preocupante aún, agregó Dauhajre, es “el anuncio de que al lado se va a instalar Estrella del Mar III, una planta más grande que en cualquier momento puede estar llegando, entonces el Gobierno no acaba de tomar una decisión”.
El 13 de marzo del 2017, Medio Ambiente suspendió la renovación de licencia ambiental de la planta de la Seaboard y ordenó su traslado por su potencial de contaminación, pero en la actualidad la barcaza permanece en el mismo lugar. Para esa ocasión, el Ministerio de Medio Ambiente le dio un plazo de seis meses para remover la barcaza, sobre la base de que había un programa de saneamiento del río Ozama y que su presencia era incompatible con este proyecto.
Pero tras finalizar la gestión de Francisco Domínguez Brito en ese Ministerio, su sucesor, Ángeles Estévez, renovó y extendió la licencia de operación a Seaboard por cinco años y autorizó la instalación de una nueva planta. Fue el 16 de noviembre de 2020 cuando el Estado aprobó a la Transcontinental Capital Corporation la operación de una nueva planta en el río Ozama, lo que habrá de duplicar el impacto de sus operaciones.
