Santo Domingo.- Fundamentado en el compromiso de aportar, mediante el conocimiento y el intercambio plural a la construcción de un país más justo y equitativo, la Universidad APEC (UNAPEC), a través de su Facultad de Humanidades y Derecho, encabezó el conversatorio El Ministerio de Justicia en el marco institucional dominicano, con la destacada participación del Dr. Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el Lic. Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho.
La iniciativa se enmarca en la agenda conmemorativa del 60 aniversario de Unapec, y contribuye a reafirmar la misión institucional de ser un centro de pensamiento, de análisis y de reflexión crítica sobre los grandes desafíos del país.
«Como academia nos corresponde propiciar espacios de diálogo donde se expongan con rigor las ventajas y las desventajas de iniciativas como esta, para que tanto la sociedad como nuestra comunidad educativa puedan ponderar con criterio qué es lo mejor para la nación», enfatizó el vicepresidente de la Junta de directores del Grupo APEC, Álvaro Sousa, en sus palabras de bienvenida.
Durante su ponencia, el doctor Antoliano Peralta Romero advirtió que la implementación del ministerio supondrá un reto, pues «todas las leyes, especialmente las más importantes, hasta que no empiezan a aplicarse, no se conocen sus debilidades».
Con esta reflexión, instó a la comunidad académica y jurídica a acompañar el proceso de transición, convencido de que el nuevo Ministerio de Justicia representará un paso firme hacia la modernización y consolidación del marco institucional dominicano.
Resaltó que la creación del Ministerio de Justicia no constituye una idea novedosa, pues su origen se remonta a la primera Constitución dominicana de 1844.
«El ministerio de justicia no es una novedad en República Dominicana», señaló, al recordar que la institución existió en diferentes períodos históricos hasta desaparecer en 1964. El regreso de este ministerio responde, según explicó, a la necesidad de fortalecer el sistema legal y eficientizar la administración de la justicia en el país.
El jurista aclaró que, aunque algunos sectores sostienen que no es necesario un ministerio de justicia y que el sistema puede continuar funcionando con la estructura actual, se trata de una visión minoritaria.
«Este proyecto de ley fue discutido con todas las escuelas de Derecho, la Suprema Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo, gremios empresariales, Participación Ciudadana y diversos actores del sistema, logrando un amplio consenso», puntualizó Peralta.
Entre las atribuciones de la nueva institución se incluyen la representación legal del Estado en conflictos nacionales e internacionales –excluyendo los casos penales–, la coordinación del sistema penitenciario, la regulación de entidades como las ONG y la participación en políticas de prevención del crimen. El doctor Peralta precisó que cada función estará supervisada por un viceministerio especializado, garantizando así un mayor control y seguimiento.
La perspectiva de Alejandro Moscoso Segarra
El decano de Humanidades y Derecho, Lic. Alejandro Moscoso Segarra, recordó que ya en el pasado había advertido sobre la necesidad de crear este órgano del Estado.
Citó extractos de su artículo publicado en el periódico Listín Diario, donde resalta que la propuesta no es nueva y que incluso en la Constitución de 1844 ya se concebía esta figura institucional.
Evocó que en el año 2005 presentó, como coordinador del Comisionado de Apoyo a la Reforma Judicial, un anteproyecto de ley para la creación de una Secretaría de Justicia, similar a la que ahora se plantea.
Asimismo, recordó que fue el propio presidente de la República, Luis Abinader, quien propuso separar de la Procuraduría General funciones que no son propias de este órgano, tales como la política penitenciaria, la coordinación de la Defensa Pública, la representación del Estado ante organismos internacionales y la política criminal del Estado, las cuales deberían ser asumidas por un Ministerio de Justicia.
El conversatorio dejó en claro que la discusión sobre la creación de un Ministerio de Justicia no solo responde a una coyuntura, sino a un debate histórico que busca consolidar la independencia judicial, fortalecer la democracia y garantizar mayor transparencia en la administración pública.
La actividad, encabezada por el rector de UNAPEC, licenciado Erik Pérez Vega, reunió a académicos, juristas, docentes, colaboradores y estudiantes interesados en comprender el alcance de la nueva ley que da vida a esta entidad estatal.
Entre los asistentes destacados estuvieron Fernando Langa, expresidente del Consejo de Pasados presidentes de UNAPEC; Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano; la licenciada Rosa Luisa Fernández, directora de la Escuela de Derecho; Robinson Peña, secretario de la Junta de directores de UNAPEC; y el ingeniero José Antonio Gil, decano de Vinculación y Emprendimiento.
