Morena Herrera, una activista feminista y social de El Salvador, apuntó este sábado que la penalización absoluta del aborto, que predomina en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Haití, entre otros países, es «una violación a los derechos de las mujeres y una violencia del Estado».
Herrera habló en San Salvador, donde cientos de mujeres y feministas de El Salvador se manifestaron este sábado en contra de las capturas «arbitrarias» de féminas derivadas de medidas contra las pandillas, rechazaron la violencia machista y reiteraron la necesidad del acceso al aborto libre, seguro y gratuito.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaron una marcha que recorrió las principales calles de San Salvador y concluyó sin ningún altercado en la Plaza Salvador del Mundo.
Durante el recorrido, las participantes corearon diferentes consignas como «El estado opresor, es un macho violador», «señor, señora no sea indiferente, se mata a mujeres en la cara de la gente» y «contra la violencia machista, autodefensa feminista».
La feminista Morena Herrera dijo en una declaración a EFE que en esta oportunidad «las exigencias tienen que ver con parar la violencia contra las mujeres, pero también que los proyectos de seguridad no se enfoquen en medidas militaristas».
Aseguró que es «importante que las víctimas del régimen de excepción sean liberadas» y que «el Estado escuche esas voces, que no son voces en contra, sino voces de crítica y muchas veces la crítica es buena».
En cuanto al aborto, Morena, una de las nominadas al Premio Sájarov 2023, otorgado por el Parlamento Europeo, apuntó que «las mujeres somos personas capaces de tomar nuestras propias decisiones».
La activista dijo estar esperanzada a que la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso de Beatriz, una joven ya fallecida, a quien en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo, «dé pautas para cambios normativos y políticas a partir de que se establezca la responsabilidad internacional del Estado en la violación de derechos humanos».
Keyla Cáceres, por su parte, afirmó que «este 25 de noviembre decimos que El Salvador no ha cambiado para nosotras (las mujeres). Sigue siendo un Estado feminicida, un país que violenta».
«El Salvador se ha convertido en uno de los tres países más violentos para las mujeres y también en uno de los más peligrosos para vivir siendo niñas», aseguró.
Señaló que «la falta de políticas para la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres siguen en retroceso», y que «en materia de derechos humanos, bajo el régimen de excepción (medida implementada para combatir a las pandillas), seguimos buscando la forma de sobrevivir».
En la jornada participó un grupo de mujeres rurales organizadas que aprovechó el espacio para denunciar los «graves retrocesos de programas sociales» y para exigir que sean tomadas en cuenta como «mujeres productoras para que sean beneficiadas con programas estatales».
Además, mujeres transgénero solicitaron al Estado que se les garantice una ley de identidad de género, ya que, dijeron, «las mujeres diversas también estamos sufriendo de violencia».
Las manifestantes también exigieron un alto a las desapariciones de mujeres en El Salvador y de los asesinatos de féminas, niñas y niños en Palestina.
Una red de tres organizaciones feministas afirmaron recientemente que la violencia contra las mujeres se mantiene «masiva y prácticamente inalterada» en El Salvador.
Al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe en 2022, según los últimos datos entregados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
