Es el caso de la Sección IV, relativa a la cancelación o revocación de licencias. El artículo establece las causas por las cuales podría efectuarse la cancelación o revocación de las licencias de operación.
Entre esas causas figuraban no inscribir a los empleados en los planes de la Seguridad Social o no pagar las cotizaciones correspondientes, no inscribirlos en la Tesorería de la Seguridad Social o en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, así como mantener condiciones de trabajo inadecuadas o incumplir la Ley 16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo.
No obstante, con el nuevo paquete de modificaciones, esos aspectos fueron eliminados.
Cuando la Comisión de Hacienda rindió un informe favorable sobre las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, varios senadores se pronunciaron en defensa de los derechos de los trabajadores, especialmente de quienes laboran en bancas de lotería, y plantearon además otros cambios.
Durante la última sesión del Senado, celebrada el pasado miércoles, los senadores Ginnette Bournigal, Alexis Victoria Yeb y Antonio Taveras se refirieron al contenido de la iniciativa.
La senadora Ginnette Bournigal consideró que el proyecto debía ser estudiado con mayor detenimiento y sostuvo que varios de sus acápites requerían una regulación más precisa.
«No me gusta hablar con tapujos. En ambas cámaras sabemos que hay representantes. Vamos a dar ejemplo. ¿Cómo es posible que una farmacia tenga la obligación de tener 500 metros de diferencia y a las bancas les vamos a poner 200, y les vamos a quitar a esos empleados la seguridad social y les vamos a bajar la licencia? ¿Nosotros mismos? Si somos de un sector, vamos a dar un ejemplo. No podemos nosotros mismos favorecernos», expresó.
De su lado, el senador Antonio Taveras manifestó su preocupación por la aprobación de la pieza con las modificaciones introducidas y citó también el caso de los empleados.
«El proyecto establecía que podía revocarse la licencia si la banca no disponía incluir en la seguridad social a sus empleados. Estos empleados son explotados, muy explotados por los dueños de banca, tanto así que no tienen espacios suficientes ni para respirar, sobre todo las mujeres. No tienen ni siquiera un baño donde ir, no tienen horario fijo y, por demás, un salario como quieran los banqueros», afirmó el legislador durante su intervención en la Cámara Alta.
Los legisladores también se pronunciaron sobre otros aspectos de la iniciativa, entre ellos la ludopatía, la publicidad de los juegos de azar y los límites de distancia establecidos para las bancas de lotería.
Distancias entre bancas
Con relación con este último aspecto, la Cámara de Diputados fijó en 200 metros lineales la distancia mínima entre bancas de lotería.
En cambio, la distancia entre bancas deportivas será de 500 metros lineales a la redonda. La misma distancia se establece entre agencias hípicas, mientras que entre bancas deportivas y agencias hípicas también deberá existir una separación mínima de 500 metros lineales a la redonda.
Para José Castillo, abogado y especialista en juegos de azar, esta disposición representa una debilidad de la ley que, a su juicio, debe ser revisada.
«Esa distancia que establece la Cámara de Diputados es contraria a la Constitución, porque la Federación Nacional de Bancas de Lotería tiene un contrato con el Estado desde el año 1999 y está vigente hasta el 2030. Ese contrato establece distancias de 400 metros entre una banca y otra, y esa distancia se establece desde el 19 de diciembre del año 2005. Entonces, es una contradicción y va en contra del interés nacional sobre incentivar los juegos», afirmó.
Además, el artículo incorpora un párrafo VII que establece que los establecimientos o bancas de apuestas deportivas que hayan sido autorizados a operar y que, por la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, se vean imposibilitados materialmente de continuar sus operaciones en el lugar donde están ubicados podrán ser autorizados a trasladarse a una distancia no mayor de 125 metros lineales a la redonda del lugar donde operaban.
Impuesto a las loterías electrónicas
En cuanto al impuesto a las loterías electrónicas, el artículo 128 establece que los licenciatarios deberán pagar cada mes al Estado dominicano un impuesto por operación, de acuerdo con el juego establecido.
Con los nuevos cambios, ese impuesto fue reducido de un 5 % de las ventas brutas de los sorteos no acumulativos a un 2.5 %.
Asimismo, en lo relativo al régimen tributario, el artículo 92 establece que los impuestos correspondientes a las bancas de lotería se cobrarán conforme a lo dispuesto en el artículo 309 de la Ley núm. 11-92, del 16 de mayo de 1992, que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana, modificada por la Ley núm. 30-26, del 18 de julio de 2026.
También se remite a la Ley núm. 495-06, del 28 de diciembre de 2006, modificada por la Ley núm. 139-11, que, a su vez, fue modificada por la Ley núm. 30-26, del 18 de julio de 2026.
Se recuerda que, durante el estudio de esa iniciativa, los legisladores también redujeron en RD$35,000 el impuesto único que deben pagar anualmente las bancas de lotería. En su propuesta, el Poder Ejecutivo planteaba un tributo de RD$120,000 por ese concepto, mientras que los legisladores lo fijaron en RD$85,000.
Una ley para regular el sector
Aunque la normativa contiene varios aspectos que, según legisladores y especialistas, deberían ser revisados, también incorpora disposiciones que dotarían al país, por primera vez, de una ley general para regular los juegos de azar.
Para el abogado José Castillo, el proyecto contribuirá a corregir irregularidades que se han producido durante los últimos años en el sector, aunque considera que todavía existen aspectos que pueden ser mejorados.
«La ley es buena, aunque aún tenga sus defectos que deberán ser mejorados. Nunca hemos tenido un instrumento jurídico de esa clase que abarque todos los juegos. Tiene buenas penalidades para las faltas, protege a los menores y, además, regula las ventas por internet. Esa ley detiene eso y organiza también las bancas hípicas, que deberán pagar impuestos», sostuvo.
Entre las novedades de la pieza figura la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA). El proyecto clasifica las infracciones administrativas en leves, graves y muy graves, y contempla sanciones que incluyen multas, suspensión temporal de operaciones y otras medidas por incumplimientos relacionados con licencias, publicidad, distancias, controles, reportes, juegos ilegales y normas de prevención del lavado de activos.Además, establece que, una vez publicado el registro de licenciatarios, no se otorgarán nuevas licencias para establecimientos de juegos de azar durante un período de 10 años, con excepción de los casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas.
De igual manera, prohíbe el acceso y la participación en juegos de azar a menores de edad, personas en estado de alteración de la conciencia o declaradas interdictas, así como a quienes representen un riesgo para la seguridad o porten armas.
De acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía, existen más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas en el territorio nacional.
