La mañana del miércoles 21 de octubre terminó en tragedia para una familia de Mendoza. Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, dos hermanos mellizos de apenas 16 años, murieron durante una intervención policial que hoy está rodeada de preguntas, versiones enfrentadas y reclamos de justicia.
En la calle Duarte, un callejón estrecho de Mendoza donde las casas se apiñan unas sobre otras, los cables se enredan de poste en poste y al fondo asoman viviendas de zinc, se levanta una construcción de tres niveles pintada de azul claro. En la primera planta, detrás de una reja negra de hierro forjado, vivían las abuelas. En la segunda dormían los mellizos, un espacio que este jueves se convirtió en un mirador del duelo.
Desde allí, el dolor y la tristeza pesaba más que el calor entre los familiares sentados con profundo dolor. Las mujeres mayores, sentadas en sillas plásticas contra la pared, tenían la vista clavada en el cemento, algunas se sostenían la cabeza con ambas manos, jóvenes ocultaban el rostro mientras los niños se movían entre los adultos en el callejón, un perro dormía junto a la acera y, en la esquina, agentes con cascos y chalecos vigilaban el barrio que despedía a sus muchachos.
En medio de ese dolor, los parientes cuestionan las circunstancias del operativo y aseguran que los adolescentes estaban durmiendo cuando los agentes entraron a la vivienda.
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La principal controversia gira en torno a dos pistolas calibre nueve milímetros, una Taurus y una Glock 19, que según la Policía Nacional fueron ocupadas a los mellizos. La familia rechaza esa versión y sostiene que las armas no eran de los jóvenes, sino que habrían sido colocadas por los propios agentes después de entrar a la casa.
Un maletín y dos pistolas: la controversia
Gleny Jiménez, abuela paterna de los adolescentes, aseguró que vecinos del sector observaron a los agentes sacar un maletín de un vehículo policial. Según su relato, de allí habrían extraído las armas que posteriormente aparecieron en la escena.
La mujer afirmó, además, que los agentes tomaron fotografías sin permitir que los residentes se acercaran al lugar.
«Los matan acostados, durmiendo, y luego les ponen las pistolas», denunciaron los familiares, convencidos de que los adolescentes no protagonizaron ningún intercambio de disparos.
De acuerdo con la versión policial referida en la información del caso, los adolescentes tenían dos armas de fuego y se habría producido un enfrentamiento con los agentes. La familia, sin embargo, niega que los jóvenes dispararan contra la Policía.
Según los parientes, los agentes llegaron alrededor de las 7:00 de la mañana, irrumpieron en la vivienda y entraron sin preguntar. Sostienen que los mellizos estaban dormidos cuando se produjo la intervención.
Jiménez también cuestionó las informaciones sobre un agente muerto y otro herido durante el supuesto enfrentamiento.
«Si hay un muerto, tienen que estar velándolo en algún sitio», expresó, al poner en duda que se hubiera producido el intercambio de disparos descrito en la versión oficial.
Diógenes Ozuna, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, rechazó la actuación denunciada y calificó el hecho como una presunta ejecución extrajudicial.
El dirigente informó que conversa con abogados para evaluar cómo acompañar a los familiares y reclamó la intervención del Ministerio Público.
«Nosotros estamos demandando que el procurador titular o la procuradora ordenen una investigación. Eso fue una ejecución a sangre fría«, sostuvo.
Su pronunciamiento se suma al reclamo de los parientes, que piden esclarecer las circunstancias de las muertes y determinar si hubo responsabilidades penales.
«Los entregamos y no los recibieron»
En medio del dolor, los familiares recordaron otro episodio que, según su versión, ocurrió aproximadamente dos meses antes de la tragedia.
Aseguran que entonces entregaron a los adolescentes a las autoridades porque supuestamente eran buscados, pero que quedaron en libertad porque no tenían delitos pendientes.
«Entonces, ¿cómo vienen a matarlos así si no tienen delitos?», cuestionó una mujer identificada como Anny.
Anny insistió en que, si los adolescentes habían cometido alguna infracción, debían responder ante los tribunales.
«Si lo hicieron métanlos presos, que les pongan cadenas perpetuas si quieren, pero no se los maten delante de su padre y su madre, porque los están matando a ellos también en vida», manifestó.
Sus palabras condensan el reclamo de una familia que no pide que se ignoren posibles infracciones, sino que cuestiona que dos adolescentes hayan perdido la vida en circunstancias que considera injustificadas.
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«Mi familia entera está destrozada»
Para Gleny Jiménez, la tragedia no termina con la muerte de sus nietos. Continúa en una casa y una familia que, según sus palabras, han quedado marcadas por lo ocurrido.
Su reclamo es también una advertencia sobre el impacto que las muertes durante operativos policiales tienen en los familiares y en las comunidades que esperan respuestas.
«Esto tiene que parar, porque, así como yo estoy destrozada, mi familia entera está destrozada. Así hay mucha gente destrozada y muchas madres. Si ellos siguen matando, van a destrozar más gente», expresó.
En su testimonio hay dolor, indignación y una demanda concreta: que las autoridades expliquen cómo murieron los mellizos y por qué.
La familia cuestiona que, si existían sospechas sobre los adolescentes, no se les permitiera responder ante la justicia. Para sus parientes, la muerte de los jóvenes no puede convertirse en el cierre de una investigación, sino en el motivo para iniciarla con mayor rigor.
A los 16 años, Randy Omar y Omar Randy ya no podrán contar qué ocurrió aquella mañana. Esa ausencia hace todavía más importante que las evidencias sean preservadas, que las voces de los testigos sean escuchadas y que las autoridades respondan las preguntas pendientes.
Porque dos adolescentes han muerto y, mientras no se esclarezcan las circunstancias, las pistolas que la Policía dice haber ocupado y el maletín que la familia asegura haber visto no son solamente elementos de dos versiones enfrentadas: son parte de una controversia que exige respuestas verificables, justicia y transparencia.
