El incumplimiento en la declaración jurada de patrimonio no solo suscita inquietudes sobre la transparencia en la administración pública, también pone entredicho el compromiso de los funcionarios con las leyes establecidas para prevenir la corrupción y promover la confianza ciudadana.
Un informe, de corte al 17 de junio del presente año, emitido por la Cámara de Cuentas revela altos niveles de incumplimiento en las declaraciones juradas tanto de funcionarios electos como salientes en los ayuntamientos.
Según confirmó Erick Hernández Machado, coordinador general de Participación Ciudadana, al equipo de investigación de Reporte Especial con Julissa Céspedes, la Junta Central Electoral entregó certificados a 3,849 funcionarios electos, de estos solamente 525 han dado cumplimiento a la declaración jurada de bienes.
Por consiguiente, faltan 3,324 servidores por presentar declaración jurada. En términos porcentuales implica que solo un 14% de los funcionarios municipales electos ha dado cumplimiento al mandato de la ley y un 86% queda pendiente.
Datos oficiales dan cuentan de que en las elecciones municipales de febrero de 2024, fueron electos y reelectos 158 alcaldes, de los que solo 32 presentaron declaración jurada en el período correspondiente, y 126 aún no han presentado o incumplieron la ley al no hacerlo en el plazo establecido.
De acuerdo con la Cámara de Cuentas, los que en la actualidad ocupan la posición de alcaldes en casi todos los municipios del Gran Santo Domingo presentaron sus declaraciones juradas, con un factor común, “en atraso”.
Hay 1,046 regidores sin declarar
En ese orden, a nivel general, de 158 vicealcaldes, solo 17 hicieron presentación de patrimonio y 141 no han cumplido. Mientras que de 1,169 regidores electos, 1,046 no habían presentado declaración jurada de patrimonio, equivalente a un 89% de infracción.
“Esto impide a los ciudadanos conocer el estatus económico de esos servidores públicos, lo cual deja una brecha a que en el transcurso de la ejecución de sus funciones puedan cometer ilícitos y sobre todo se transfiera patrimonio que no corresponda a la capacidad que tienen de adquisición de bienes”, comentó la abogada y especialista en Derecho Administrativo, Yulibelys Wandelpool.
El 98% de los salientes incumplen
Existe un grupo que hace más alarmante la situación, los funcionarios que terminaron su gestión, de los que 95 se convirtieron en exalcaldes, el 98% no hizo la debida presentación ante la Cámara de Cuentas, mientras que los vicealcaldes y regidores salientes presentan un 100% de incumplimiento.
Esta violación a las normativas de transparencia y responsabilidad pública pone en evidencia que los funcionarios del cuatrienio anterior han tomado a la ligera la obligación legal de presentar dichas declaraciones.
Para Erick Hernández Machado, coordinador general de Participación Ciudadana, es preocupante el alto índice de no cumplimiento de las declaraciones juradas tanto de los funcionarios municipales electos como de los reelectos que tienen igual obligación.
“Pienso que el no cumplimento de la declaración jurada va a llevar a en un futuro a la imposibilidad de fiscalización de la gestión pública ¿Por qué? Porque el interés de que sea fiscalizado al tomar la posesión es transparentar los que son los bienes propios y obviamente llevar un control del posible incremento del patrimonio del funcionario público durante la gestión pública”, sostuvo.
Falta seguimiento en cumplimiento
Destacó que la Cámara de Cuenta ha facilitado la tecnología, y el acceso para hacer la declaración jurada, incluso se puede hacer en la página web, sin embargo el seguimiento en el cumplimiento “es realmente ausente, es solamente dar la información pero no dicen que medidas están tomando” .
Desde su óptica, la declaración jurada es un instrumento de control para justificar el origen de los bienes declarados y es un control administrativo sobre el patrimonio obtenido durante la administración de los fondos públicos.
La declaración jurada debe incluir información detallada sobre bienes inmuebles y muebles, inversiones financieras y empresariales, cuentas bancarias, deudas y obligaciones e ingresos anuales.
La Ley 411-14 en su artículo 14 establece las sanciones por omisión de declaración y dispone que el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no lo haga dentro del plazo establecido u omitiere algún bien, incurrirá en faltas graves que pueden conllevar sanciones, tales como: multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos, procesos judiciales por enriquecimiento ilícito, si se detectan irregularidades o inconsistencias.
En tanto, los que terminaron su mandato y no han cumplido con la presentación también se exponen a una inhabilitación para ocupar futuros cargos públicos y a investigaciones por posible enriquecimiento ilícito.
Según la especialista en derecho administrativo Wandelpool: “El incumplimiento de esta obligación legal no solo constituye una falta administrativa grave, sino que mina la confianza del público en la gestión de los recursos y en la integridad de los funcionarios públicos.”
De acuerdo con la abogada, la falta de presentación de la declaración jurada puede ser vista como un intento deliberado de ocultar información crucial para la fiscalización de los patrimonios de los funcionarios públicos por lo que las sanciones deben aplicarse a cada uno que violente la ley.
Modelo de otros países del sistema de declaración
