La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, firmaron un acuerdo para construir un equipo conjunto de investigación (ECI) para combatir crímenes como la trata de personas.
Este ECI, detalló este domingo la Fiscalía colombiana en un comunicado, «permitirá coordinar actuaciones y avanzar de manera articulada contra organizaciones dedicadas a la criminalidad transnacional».
El mecanismo, creado con el acompañamiento de la Oficina de las ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), «se establece en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo».
Permitirá además fortalecer las investigaciones relacionadas con trata de personas con fines de explotación sexual, así como corrupción y otros delitos económicos.
Según la información, el ECI permitirá a las dos entidades intercambiar información, evidencia física y elementos materiales probatorios, así como coordinar actuaciones investigativas y medidas procesales.
Los países podrán conformar equipos conjuntos para atender casos concretos y compartir metodologías y experiencias que contribuyan al esclarecimiento de hechos y la judicialización de los responsables.
La fiscal colombiana destacó que este tipo de delitos trasnacionales necesitan respuestas coordinadas entre las autoridades de los países afectados.
«En delitos transnacionales la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este, que nos permitan hacer un intercambio ordenado e informado; un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también desarrollar programas conjuntos de investigación», destacó Camargo.
La procuradora dominicana, por su parte, manifestó que este acuerdo representa un compromiso de ambos países para fortalecer una cooperación oportuna y efectiva frente a la delincuencia organizada.
«La trata de personas es un delito de alta prioridad para nuestra gestión», afirmó Reynoso, quien recordó que este delito atenta contra la dignidad humana y requiere una respuesta integral de las autoridades.
