Tras varios intentos, el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los imputados en el caso Calamar, consiguió ayer que se le variara la medida de coerción de prisión preventiva por libertad bajo fianza.
La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción, Ana Lee Florimón, dispuso a Peralta el pago de una garantía económica de RD$4.5 millones mediante una compañía aseguradora, así como la presentación periódica y el impedimento de salida del país.
Esta era la cuarta ocasión en la que se intentaba conocer la revisión obligatoria a la medida de coerción impuesta a Peralta, que era de 18 meses de prisión preventiva.
Peralta era el único de los imputados del caso denominado Calamar, que continuaba en prisión, en el Centro de Rehabilitación Najayo Hombres por más de siete meses.
El exministro es acusado de haber gestionado financiamiento ilegal para la campaña del Partido de la Liberación Dominicana en 2020 siendo candidato Gonzalo Castillo.
A Peralta se le impuso la pasada medida de coerción junto al implicado y exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a quien también se le varió. El excandidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, enfrenta prisión domiciliaria.
Tras su salida del tribunal, el equipo legal de Peralta, calificó como insuficiente la medida, misma que consideraron debió dictarse antes, al tiempo que consideraron que debido a la falta de evidencias en su contra su cliente debe ser excluido del expediente.
Posición MP
Al terminar la audiencia, el fiscal adjunto Arolin Lemos indicó que el Ministerio Público está haciendo lo que debe y que el Poder Judicial tiene que hacer el trabajo que le corresponde en los casos.
De igual forma, garantizó que estarán presentando una acusación fuerte en contra de los implicados en el caso de corrupción.
Previo
La audiencia de revisión de medida de coerción al exministro administrativo de la Presidencia, fue recesada hasta las 4:00 de la tarde ayer, porque la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción, salió a deliberar pasada la 1:00 de la tarde.
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Anteriormente, los abogados de Peralta habían calificado como un absurdo jurídico que no se le conociera la revisión obligatoria a su cliente, la cual debe producirse cada tres meses, según lo establece la ley.
