A medida que el sol se abre paso entre las nubes, la realidad impone su toque de objetividad. Según refiere el Nuevo Diario, en publicación del 9 de diciembre:“El abogado Miguel Díaz, representante de la familia de Stephora Joseph, descarta que la menor fuera ahogada por otra persona. Esta conclusión se basa en los videos de seguridad y el informe preliminar del Inacif. La asfixia, según explica, pudo ser causada por la obstrucción del agua, sin intervención de terceros.Díaz señala negligencia por parte del Instituto Da Vinci durante la excursión en la hacienda Los Caballos.”
Se derrumban todas las apasionadas y subjetivas «narrativas». Sin embargo, es evidente que el odio persistirá. No se callarán las voces que buscan lucrarse con la tragedia, que hacen lobby con la victimización y que persiguen «Me gusta» a través del morbo y el dolor ajeno. En este contexto, resulta inquietante el sadismo de quienes han llegado al extremo de celebrar las imágenes humillantes de profesoras esposadas, cuya culpabilidad no ha sido probada y sin que existiera riesgo de fuga. Ningún docente ni persona de bien debió difundir tal agresión innecesaria contra la dignidad humana.
Es innegable que el vídeo de la tragedia de la niña angelical resulta desolador y refleja una terrible indiferencia. Su amplia difusión ha condicionado incluso a quienes exigen justicia, limitando las posibles implicaciones legales del suceso. Pese a su crudeza, la grabación ha servido para desarticular narrativas incendiarias: no se trató de un crimen de odio ni se evidencia acoso racial. Los niños implicados, reconocidos por su conducta intachable y su alto rendimiento escolar, no eran en ese momento ni víctimas ni acosadores. Tampoco existen indicios de discriminación clasista en el centro educativo, ya que la niña provenía de una familia con recursos suficientes para hacer frente a las elevadas exigencias económicas del mismo. Si la institución está dirigida a personas adineradas, está claro que ella formaba parte de ese círculo.
Aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, todo parece indicar que la desgracia fue consecuencia de errores humanos. Aparentemente, no hay pruebas fehacientes de acciones criminales ni de provocación voluntaria y consciente para causar daño. Los fallos, según reconocen incluso los abogados demandantes, se deben al exceso de confianza, la falta de previsión y la negligencia. Se trata de un olvido imperdonable de que los niños son propensos a sufrir accidentes acuáticos y de que los adultos —tanto familiares como responsables institucionales— incumplieron su obligación ineludible de no exponerlos a tales riesgos. En este caso particular, es innegable que la institución no adoptó las medidas logísticas y de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los asistentes. Se cometieron fallos involuntarios que han tenido un precio alto e irreparable: la pérdida de una vida humana prometedora e inocente.
Una vez que los organismos de justicia concluyan sus indagaciones y emitan sus decisiones, el Instituto deberá responder con las compensaciones determinadas y con las garantías necesarias demandadas por su propia comunidad educativa y por toda la sociedad, que ha expresado su justa preocupación y enojo. Casos como este no deben repetirse.
Esperemos que, con el tiempo, la familia de la angelical niña, sus compañeros, el instituto y la sociedad puedan recuperar el ritmo natural de sus vidas.
Esperemos que, con el tiempo, la familia de la angelical niña, sus compañeros, el instituto y la sociedad puedan recuperar el ritmo natural de sus vidas.
