El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reveló este martes la fórmula constitucional con la que pretende prolongar su permanencia en el poder y terminar de liquidar la competencia electoral en Nicaragua: periodos presidenciales de siete años “renovables”, acompañados de un blindaje constitucional para impedir que cualquier opositor real pueda disputarles la jefatura del Estado.
El anuncio de la reforma fue hecho por Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, órgano legislativo bajo sumisión total de Ortega. Se da apenas un día después de que el Ejecutivo convocara al cuerpo diplomático acreditado en Managua para matizar la frase pronunciada por el caudillo el pasado 19 de julio, cuando afirmó de forma tajante que “aquí no volverán a haber elecciones”.
Ante los representantes internacionales —entre ellos el de la Unión Europea—, Porras intentó rebajar el impacto al asegurar que sí habrá comicios, aunque dejó claro que la ley excluirá a quienes el orteguismo considere “golpistas”, “vendepatrias” o vinculados directa o indirectamente con supuestos intentos de desestabilización.
Porras leyó este martes la exposición de motivos del proyecto en el hemiciclo parlamentario y reveló un detalle que no había presentado a los diplomáticos: “Nuestro sistema de Estado y Pueblo Presidente propone ordenarse con periodos efectivos de siete años renovables, lo cual asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad”.
La fórmula abre la vía para que Ortega y Murillo permanezcan en el poder mediante la renovación o prórroga de sus cargos, sin que necesariamente medie una consulta pública frente a otros aspirantes. Por el momento, el régimen no ha publicado el articulado detallado ni el procedimiento específico con el que se ejecutaría dicha renovación.
Para el abogado y opositor en el exilio Juan Diego Barberena, el término utilizado encierra el mecanismo jurídico con el que el régimen busca abolir las elecciones democráticas. “Cuando prorrogas un periodo indica que no vas a elegir a quien va a ejercer ese cargo”, explica. “Únicamente decides prorrogar a la persona que ejerce el cargo sin competencia con otros, sin que haya otro candidato”, aclara.
Inhabilitación constitucional para la oposición
La iniciativa vuelve a ampliar la duración del mandato presidencial apenas un año después de que la reforma constitucional de 2025 lo aumentara de cinco a seis años. Aquella reescritura de la Carta Magna instauró además la copresidencia de Ortega y Murillo, concentró el poder en la jefatura del Ejecutivo y colocó formalmente a la esposa del caudillo en igualdad de condiciones y atribuciones.
En un sistema sin alternancia, la enmienda no solo dilata la estancia de la pareja gobernante, sino que abre una vía de continuidad indefinida bajo la cobertura formal del texto constitucional. La incógnita que persiste es si dicha renovación requerirá de algún tipo de votación formal o si bastará con una ratificación del propio aparato estatal controlado por el Frente Sandinista.
El segundo eje de la reforma busca elevar al rango más alto del ordenamiento jurídico las inhabilitaciones contra opositores, ya contempladas en las leyes ordinarias sobre traición a la patria y pérdida de la nacionalidad.
La nueva redacción proscribe de aspirar a cargos de elección popular o por designación a quienes “ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta” en los acontecimientos políticos de 2018 o en acciones calificadas por el régimen como intentos de golpe de Estado. Asimismo, otorga facultades directas al Consejo Supremo Electoral (CSE) para cancelar candidaturas y retirar la personalidad jurídica a los partidos que incumplan con estos criterios.
Al emplear fórmulas retroactivas y deliberadamente imprecisas, el régimen busca afianzar un marco legal que le permita castigar de forma discrecional conductas pasadas. La novedad no reside tanto en la proscripción —que ya se aplicaba de facto mediante las leyes 1055 y 1145—, sino en su integración explícita dentro de la Constitución para blindarla institucionalmente. El oficialismo prevé aprobar la reforma en primera legislatura en septiembre y ratificarla en enero de 2027.
En la práctica, el texto termina de configurar un esquema que el sandinismo ha consolidado desde 2021, cuando encarceló a los principales precandidatos presidenciales: una dinámica electoral sin competencia real, con la oposición perseguida o desterrada, y con partidos colaboradores autorizados a competir sin poner en riesgo la hegemonía del Ejecutivo. “Van a repetir el escenario de 2021, pero de manera radicalizada. La dictadura jugará sola”, enfatiza Barberena.
Diversos analistas apuntan a que la prisa por modificar los plazos responde también a factores dinásticos internos. En un análisis publicado este martes, el periodista Alfonso Malespín argumenta que Ortega y Murillo no temen a una oposición proscrita y en el exilio, sino a que un nuevo proceso electoral exponga de forma incontestable el descontento popular y el rechazo que genera la figura de la copresidenta. “No es que la oposición vaya a hacerle sombra, puesto que está proscrita y desterrada. Es porque Rosario Murillo entiende que la mayoría de la gente no la quiere donde está”, señala Malespín.
Bajo esa premisa, una votación en 2027 amenazaba con convertirse en un trago amargo para Murillo si los niveles de abstención superaban la barrera de 2021, cuando organismos independientes estimaron que cerca del 80% del padrón no acudió a las urnas. La vía de la renovación constitucional y el alargamiento de los plazos permite al régimen evitar la exposición del desgaste político de la copresidenta ante una cita electoral abierta.
