Desde abril de 2025 un protocolo oficial dispuso que inspectores y agentes migratorios desplegados en los hospitales verifiquen que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en República Dominicana y cubran el costo de los servicios recibidos. De no ser así, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.
El dominicano Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) dijo que entregó este lunes en la sede de Gobierno un documento, con más de 1,000 firmas ciudadanas, que solicita al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, la «derogación inmediata» de las políticas migratorias en los hospitales públicos.
Desde abril de 2025 un protocolo oficial dispuso que inspectores y agentes migratorios desplegados en los hospitales verifiquen que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en República Dominicana y cubran el costo de los servicios recibidos. De no ser así, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.
La presencia de agentes migratorios en centros hospitalarios limita el derecho a la salud y afecta especialmente a «mujeres embarazadas, niñas, niños, personas migrantes haitianas», pero también a «personas dominicanas de ascendencia haitiana, negras o sin documentos», que pueden ser víctimas de perfilamiento racial, afirmó el Colectivo.
«Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública», expresó el Colectivo.
También, señaló que los hospitales deben mantenerse como espacios seguros, donde prevalezca el derecho a la salud, la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, independientemente de la condición migratoria de las personas.
Creado en el 2024, el Colectivo agrupa a organizaciones sociales y a ciudadanos para promover el respeto, la defensa y la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, sus familias y comunidades.
Entre los grupos que firman el documento figuran la católica Cáritas Arquidiocesana; el movimiento Participación Ciudadana; el centro de desintoxicación Casa Abierta; el Foro Feminista y la Fundación Frederich Ebert, y la oficina en Santo Domingo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
El Gobierno dio inicio en octubre de 2024 a un plan de deportación «masiva» de ciudadanos indocumentados, casi todos de origen haitiano, medida dirigida a enfrentar la inmigración del país fronterizo, dijeron las autoridades en esa ocasión.
De acuerdo a datos oficiales, desde entonces han sido deportados más de 500.000 haitianos en condición migratoria irregular, mientras la Dirección General de Migración (DGM) mantiene apostados a sus agentes en más de 33 hospitales públicos dominicanos.
El organismo afirmó que esta medida ha hecho reducir en más de un 65 % el número de partos de haitianas indocumentadas en República Dominicana.
