La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), remitió este jueves al Ministerio Público un informe técnico que documenta la existencia de una estructura organizada de proveedores que, mediante prácticas fraudulentas, habría manipulado procesos de contrataciones con el Estado.
Agregue la entidad que dirige Carlos Pimentel que entre las irregularidades figuran incurrir en presuntos actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos, afectando de manera directa la libre competencia y la igualdad de participación de los oferentes.
El informe, elaborado conjuntamente por la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría, a partir del análisis exhaustivo de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes de información, revela la actuación coordinada de varias empresas vinculadas que habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartir adjudicaciones y excluir a otros oferentes legítimos.
La DGCP informó que entre las entidades identificadas se encuentran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL, Tingley Business SRL, así como otras asociadas, las cuales presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.
El documento también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, lo que evidencia la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación que distorsionan la transparencia y la equidad de los procesos.
