Hace 60 años, el 1ero. de julio de 1966, después de prestar juramento ante la Asamblea Nacional, asumía la presidencia de la República el doctor Joaquín Balaguer, restableciéndose así el estado de derecho quebrado el 25 de septiembre de 1963.
Llegaba a la primera magistratura del Estado después de una guerra fratricida que abrió profundas heridas en el cuerpo social de la nación, provocando una profunda división en la sociedad dominicana, que se encontraba física y moralmente en ruinas.
El primer párrafo de su discurso de juramentación describe cómo entendía la situación nacional el experimentado político y estadista: «Pocas veces ha caído sobre un dominicano una carga de tanta responsabilidad como la que el destino coloca hoy sobre mis hombros. El juramento que acabo de prestar entraña para mí un tremendo compromiso ante el país y ante la historia. Son muchas las esperanzas que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos tienen cifradas en la labor de los hombres que hoy inician sus gestiones al frente de la Administración Pública. Muchas de esas esperanzas son superiores a todo esfuerzo humano y la realización de cualquiera de ellas exige una inmensa capacidad de sacrificio. Estamos frente a un país deshecho y una administración hundida virtualmente en el caos».
Al efecto, la nación que recibió el doctor Balaguer era un país seriamente afectado por la inestabilidad política, la paralización del aparato productivo nacional y el grave deterioro de las finanzas, así como del orden público.
Una serie de medidas anunciadas en el discurso de toma de posesión, desde las primeras horas de gobierno, comenzaron a entrar en vigor. El presidente Balaguer impulsó un programa de austeridad dirigido a sanear las cuentas estatales; redujo el gasto público, bajó salarios excesivos, medida ésta que afecto al 9% de los empleados, ahorrando más de tres millones de pesos mensuales, congeló los salarios del resto de los servidores, implementando otras medidas que buscaban recuperar la confianza en la administración gubernamental.
Es bueno resaltar que la reducción de los salarios de altos funcionarios incluyó el suyo, el cual fue fijado en RD$ 750.00 pesos al mes, mientras implementaba una política fiscal que buscaba sentar las bases para la recuperación económica nacional.
Resulta innegable que durante sus administraciones se impulsó una visión de Estado fundamentada en la inversión pública, la expansión de la infraestructura, el robustecimiento de la industria nativa, así como el fortalecimiento de la capacidad productiva nacional. Leyes como las de incentivo industrial y las de Zonas Francas, contribuyeron a esa expansión.
Durante sus gobiernos se construyeron carreteras, puentes; presas, canales de riego; hospitales; escuelas; puertos y aeropuertos; avenidas, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la Plaza de la Cultura, con sus museos y la Biblioteca Nacional; el Jardín Botánico, el Zoológico y el Acuario nacionales, así como proyectos habitacionales que transformaron la geografía económica del país, facilitando la integración de regiones que permanecían aisladas.
Además de las obras mencionadas, las obras hidráulicas, con las grandes presas y sus sistemas de riego permitieron incrementar significativamente la producción agropecuaria nacional. Mientras que la expansión de la red vial, carreteras del sur y el circuito del lago Enriquillo, entre otras, facilitó el comercio interno y el desarrollo de nuevos centros económicos.
Estas inversiones públicas, la inmensa mayoría sin endeudamiento externo, constituyeron uno de los pilares sobre los cuales se edificó el crecimiento económico sostenido que posteriormente experimentó nuestra economía.
De igual manera, la propia Constitución de 1966, tal vez la de mayor duración sin ser objeto de modificaciones, así como diversas reformas institucionales promovidas durante ese período contribuyeron a dotar al país de un marco jurídico y administrativo que perduró durante décadas. Muchas de las estructuras estatales que aún sostienen el funcionamiento de la economía dominicana tienen sus raíces en decisiones adoptadas en aquellos años.
Las leyes de la Reforma Agraria se promulgaron para romper con el esquema de tenencia de tierra que venía desde la colonia, evitando futuras confrontaciones sociales que pudieran socavar la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo logrados.
Asimismo, el presidente Balaguer impulsó políticas de protección de los recursos naturales y de reforestación que fueron pioneras en América Latina. Su decisión de limitar la explotación indiscriminada de bosques y proteger importantes cuencas hidrográficas, así como la declaratoria de áreas protegidas, contribuyó a preservar recursos estratégicos para las futuras generaciones.
Al cumplirse hoy seis décadas de aquella juramentación histórica y próximo a cumplirse 24 años de su sentido fallecimiento, la figura política del doctor Joaquín Balaguer continúa ocupando un lugar de importancia en el debate nacional. Sus gobiernos son objeto de análisis desde múltiples perspectivas políticas e históricas. Sin embargo, existe un amplio consenso en crecimiento en reconocer que gran parte de la infraestructura física, las bases institucionales y la visión desarrollista que sirvieron de fundamento al actual modelo económico dominicano comenzaron a consolidarse durante su gestión.
Sesenta años después, el legado de aquel 1ero. de julio de 1966 sigue presente en las carreteras que unen al país, en las presas que alimentan la producción agrícola, en los aeropuertos y puertos que nos comunican con el exterior, en las instituciones que sostienen la vida republicana y en la concepción de que el desarrollo nacional requiere una estrecha alianza entre estabilidad política y económica, inversión pública y privada, así como planificación estratégica. La historia juzga a los hombres públicos por la huella que dejan en sus naciones y, en ese sentido, la impronta del doctor Joaquín Balaguer permanece inseparable de la construcción de la democracia dominicana y de la construcción de la República Dominicana moderna y actual que hoy disfrutamos.
Esta apretada síntesis de los logros del estadista más destacado de nuestra historia contemporánea quizá pueda incitar al lector a explorar con más detenimiento las obras y escritos del fenecido mandatario.
A mi juicio la palabra y las ideas del doctor Balaguer, un conservador moderado, condición cada vez más difícil de encontrar en nuestro mundo moderno, más que las de un político, sus palabras eran las de un hombre de estado, categoría cuyas filas también se hallan hoy más mermadas que nunca. Si bien su obra, especialmente sus escritos políticos constituyen una fuente importante para el estudio de nuestra historia política contemporánea también demuestran, además, que su perspicacia y sabiduría son intemporales: sólo miremos el abuso del poder y la corrupción.
Finalmente, ni siquiera quienes discrepaban de él podrían hoy menos que admirarlo. Con el doctor Balaguer el político y el estadista pasará como con Marco Tulio Cicerón: «Entrado ya en la senectud, Octaviano, convertido ya en el emperador Augusto, vio un día a su propio nieto leyendo una de las obras de Cicerón. El muchacho, aterrado al verse sorprendido con un libro escrito por alguien a quien su abuelo había condenado a muerte, trató de ocultarlo bajo la capa; pero Augusto asió el libro y después de leer un fragmento extenso ante la mirada despavorida de su vástago, se lo devolvió diciendo: un hombre sabio, hijo mío. Un hombre sabio y amante de su patria».
