Hablar de un presunto desfalco en SENASA no es solo referirse a números mal manejados o a expedientes administrativos. Es, sobre todo, hablar de vidas perdidas. Desde el año 2020 hasta el 2025, el sistema de salud dominicano ha cargado con una crisis silenciosa en la que las cifras de mortalidad particularmente en niños, niñas y adolescentes revelan una verdad dolorosa: mientras los recursos destinados a la salud pública se diluían en la corrupción, miles de familias enfrentaban la tragedia de no poder salvar a los suyos.
Las estadísticas de salud de estos años muestran un panorama alarmante. Incrementos en muertes prevenibles, retrasos en tratamientos, falta de cobertura suficiente para enfermedades graves y carencias en servicios especializados han golpeado con mayor dureza a los sectores más vulnerables. En el caso de la niñez y la adolescencia, cada número representa un futuro truncado: menores que no accedieron a cirugías a tiempo, a medicamentos de alto costo o a cuidados especializados porque el seguro no cubría lo necesario para sostener la vida.
La indignación crece cuando se contrasta esta realidad con las denuncias de enriquecimiento ilícito de unos pocos. Mientras hospitales carecían de insumos, familias se endeudaban o abandonaban tratamientos por falta de cobertura, otros acumulaban fortunas con fondos que debían garantizar el derecho fundamental a la salud. Esa es la forma más cruel de corrupción: la que no solo roba dinero público, sino que roba oportunidades de vivir.
El impacto humano de este desfalco no se puede medir únicamente en pesos o en porcentajes de déficit financiero. Se mide en sillas vacías en los hogares, en madres y padres que aún se preguntan si sus hijos estarían vivos de haber recibido atención oportuna y completa. Se mide en una generación que creció y en muchos casos murió bajo un sistema que no estuvo a la altura de su responsabilidad.
Este caso debe marcar un antes y un después. La salud no puede seguir siendo un botín político ni administrativo. Exigir justicia, transparencia y una reforma profunda del sistema no es un acto partidario: es un deber moral con quienes perdieron la vida y con quienes aún dependen de un seguro de salud que debe protegerlos, no fallarles. Porque cuando la corrupción entra al sistema de salud, el precio que se paga no es simbólico: se paga con vidas, y muchas de ellas eran el futuro de nuestro país.
