Cumplir la ley no es una decisión política: es una obligación moral y jurídica del Estado. Liberar de impuestos los salarios de hasta RD$52,000 mensuales, como establece el Código Tributario, no empobrece al país; protege a quienes más contribuyen con su trabajo y esfuerzo, fortaleciendo la justicia fiscal.
Durante años, el sistema tributario dominicano ha cargado de manera desproporcionada sobre quienes menos recursos tienen, lo que erosiona la confianza ciudadana, limita el consumo y frena la movilidad social. Cumplir la ley tributaria no es populismo: es restablecer equilibrio y equidad, principios esenciales en toda sociedad democrática.
Por ejemplo: Un trabajador que gana RD$50,000 mensuales y que debería estar libre de impuestos según el Código Tributario, termina pagando alrededor de RD$5,000 al mes si la exoneración no se aplica correctamente. Eso significa RD$60,000 al año que deja de percibir, dinero que podría destinar a alimentación, transporte, salud o educación de su familia.
Si multiplicamos este cálculo por los miles de trabajadores que ganan hasta RD$52,000, la pérdida total para la población vulnerable asciende a miles de millones de pesos anuales, recursos que podrían reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Este ejemplo demuestra que cumplir la ley tributaria no es solo un acto de justicia, sino una medida económica inteligente que beneficia directamente a quienes más lo necesitan.
Sin embargo, toda reforma responsable debe considerar cómo compensar los ingresos que el Estado dejaría de percibir. La solución no está en aumentar impuestos ni en depender del endeudamiento, sino en mejorar la eficiencia del gasto público, reducir la evasión fiscal y eliminar subsidios y concesiones que no generan valor social.
Miles de millones se pierden cada año por evasión, contrabando, subfacturación y gastos improductivos. Si esos recursos se gestionan correctamente, no solo se cubrirían los déficits sin necesidad de préstamos, sino que se podrían financiar proyectos claros, sostenibles y que beneficien a la mayoría, sin depender de medidas coyunturales que no resuelven problemas estructurales.
La verdadera inversión social no está en repartir bienes de consumo efímeros, sino en generar empleo, educación, salud, seguridad y vivienda digna. Cada peso destinado a ayudas temporales es un peso que deja de fortalecer estas áreas estratégicas.
Un gobierno que aplica la ley optimiza su gasto y planifica con responsabilidad puede recuperar recursos y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de la población y los empresarios. La confianza impulsa el crecimiento: un ciudadano que confía en sus instituciones cumple con sus obligaciones; un empresario que confía invierte y genera empleo; un Estado que respeta sus propias leyes puede gobernar sin recurrir al endeudamiento constante.
Cumplir la ley no debe ser una promesa, sino un ejemplo. El país necesita un nuevo pacto de responsabilidad pública: menos préstamos, reducción de la nómina pública, menos clientelismo y más eficiencia. Cuando la gestión se basa en transparencia, planificación y respeto a las normas, no solo se equilibra la economía: se fortalece la democracia y se garantiza un futuro más seguro y justo para todos.
“El respeto nos guía, el trabajo en equipo nos impulsa, el liderazgo nos define.”
