El miércoles 22 de abril llegó a mi oficina un trabajador con una notificación de suspensión emitida por su empleador, una empresa reconocida de San Francisco de Macorís. Conversé con él para entender su situación y las razones detrás de la medida. Sus respuestas, más que aclarar el caso, me llevaron a una reflexión profunda. Por eso hoy pienso en voz alta y comparto esta reflexión contigo, con la esperanza de que el sector empleador y el Ministerio de Trabajo la tomen en cuenta.
Un trabajador dominicano puede pasar veinte, treinta o más años en una empresa y llegar a su jubilación con deudas. No siempre por ganar poco, sino por no saber administrar lo que gana. En San Francisco de Macorís vemos cada quincena: filas en financieras, adelantos de sueldo, préstamos informales y el famoso “sácame de un apuro” que se vuelve rutina. La educación financiera no es un lujo ni un tema exclusivo de bancos. Es bienestar laboral. Y por tanto, una responsabilidad social que las empresas no pueden seguir posponiendo.
Hace treinta y tres años que este trabajador sirve en la misma empresa. Durante la conversación, quise entender cómo había manejado su vida económica con un salario de 27 mil pesos y un bono de 2 mil —hoy; antes era menos— a lo largo de todo ese tiempo. Le pregunté con sinceridad:
—Hermano, ¿Qué hiciste en estos 33 años para prepararte ante cualquier eventualidad? Él bajó la mirada. Pensó. Y respondió, casi en voz baja, como quien se escucha a sí mismo por primera vez: —La verdad… nada.
Ese “nada” pesó más que la suspensión. Porque lo que realmente lo angustiaba no era el proceso laboral, sino la incertidumbre económica que lo esperaba. Sentía que había trabajado toda una vida sin construir un colchón, sin un plan, sin una ruta. Y en su voz había algo más: la sensación de que ni el empresariado ni las instituciones públicas piensan en el bienestar integral del trabajador. Esa percepción de desamparo también es parte de la deuda.
El Código de Trabajo y la Ley 87-01 hablan de proteger al trabajador. Pero proteger no es solo intervenir cuando hay un conflicto. Proteger también es prevenir: prevenir el sobreendeudamiento, los préstamos informales al 20% mensual, la ansiedad que rompe familias. Y los datos lo confirman: 52% de los dominicanos teme no poder pagar al menos una de sus deudas actuales. 24% planea usar ahorros para cumplir. 21% pedirá prestado a un familiar o amigo. La inflación es la principal preocupación financiera para el 59%, seguida por el empleo con 52%.
Cuando un empleado vive con la soga al cuello, la empresa también pierde. El estrés financiero no se queda en la casa: entra a la planta, a la oficina, al mostrador. Se convierte en distracción, ausentismo, accidentes y solicitudes constantes de adelantos. La organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) ha documentado que la ansiedad por deudas puede reducir la productividad hasta en un 13%. En una ciudad como San Francisco de Macorís, donde el comercio y los servicios dependen del ritmo humano, ese 13% se siente en cada caja registradora y en cada línea de producción.
Aquí está el punto que muchos no ven: la educación financiera es una forma de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) barata, estratégica y profundamente humana. Cuatro talleres al año sobre presupuesto, uso de tarjetas, AFP, seguros y crédito responsable no quiebran a ninguna empresa. A cambio, se obtiene menor rotación, menos préstamos internos, más enfoque y más lealtad. En la provincia Duarte, donde los hogares sostienen gran parte de la demanda de crédito privado, enseñar a un trabajador a diferenciar una tasa anual de una mensual es protegerlo de la usura y fortalecer el clima laboral.
¿Qué pueden hacer las empresas? Tres pasos simples: Incluir jornadas breves de educación financiera con lenguaje claro, no técnico. Facilitar alianzas con cooperativas o entidades formales para ahorro por nómina y crédito a tasas justas. Transparentar liquidaciones, descuentos y beneficios, para que el empleado entienda su volante de pago sin necesidad de un abogado.
Y midamos el impacto con indicadores concretos: si bajan los adelantos de sueldo, si aumenta la participación en planes de ahorro, si mejora la puntualidad, el programa funciona. No es filantropía: es estrategia.
La productividad no solo se compra con bonos. Se construye con tranquilidad. Si queremos empresas más competitivas, debemos formar trabajadores financieramente estables. Que ningún otro empleado con 33 años de servicio vuelva a decir “no hice nada” cuando la vida le cambie el juego.
La educación financiera es Responsabilidad Social Empresarial (RSE) real, medible y profundamente humana. Es hora de saldar esa deuda. Por el trabajador, por la empresa y por nuestro país.
