Los gobiernos cambian. La Constitución permanece. Los partidos llegan al poder y luego pasan a la oposición, pero los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden depender de quién ocupe el Palacio Nacional. La libertad de expresión no tiene dueño ni color político; pertenece al pueblo y debe ser protegida siempre.
Gracias a ese derecho, los ciudadanos pueden opinar, cuestionar, denunciar, proponer y exigir cuentas a quienes administran los recursos públicos. Un pueblo que no puede expresar lo que piensa deja de ser protagonista de la democracia para convertirse en un simple espectador.
El debate que hoy vive la República Dominicana demuestra que cuando el pueblo participa, las instituciones escuchan y las leyes pueden perfeccionarse. Ese es el valor de una democracia. Sin embargo, cualquier cambio debe preservar un principio esencial: que ningún ciudadano sienta temor de expresar sus ideas, denunciar irregularidades o cuestionar el ejercicio del poder cuando lo hace con respeto, responsabilidad y dentro del marco de la Constitución.
Nuestra historia democrática también nos deja una enseñanza. Quienes ayer fueron oposición hoy gobiernan, y quienes hoy están en la oposición mañana podrían volver a ejercer el poder. Precisamente por eso, las reglas que protegen la libertad de expresión deben ser las mismas para todos. Los principios constitucionales no pueden cambiar según la conveniencia política ni depender de quién ocupe una función pública. Porque la Constitución no tiene partido, y la democracia solo se fortalece cuando sus principios se respetan siempre, sin importar quien gobierne.
Defender la libertad de expresión no significa justificar el irrespeto. Tampoco significa aceptar la mentira, la difamación o las acusaciones sin fundamento. El honor y la dignidad de las personas merecen protección. Pero esa protección debe convivir con el derecho de los ciudadanos a opinar, denunciar y exigir transparencia. Una democracia madura encuentra el equilibrio entre ambos derechos sin provocar que la ciudadanía sienta miedo de ejercer uno de ellos.
Criticar una gestión pública es un derecho. Denunciar posibles actos de corrupción también lo es. Lo que nunca debe faltar es la responsabilidad. Si existen pruebas, que se presenten. Si existen indicios serios, que las autoridades investiguen. Si una decisión pública merece ser cuestionada, que se haga con argumentos, respeto y compromiso con la verdad. La firmeza nunca necesita del insulto para hacerse escuchar.
Los funcionarios públicos deben comprender que el escrutinio ciudadano forma parte de la responsabilidad que asumieron al aceptar servir al país. Las preguntas incómodas, las críticas y las denuncias responsables no debilitan la democracia; la fortalecen. Un gobierno seguro de su gestión responde con transparencia, resultados y apertura al diálogo.
Las autoridades merecen respeto, pero el pueblo también. Gobernar nunca debe significar silenciar las voces que disienten, sino garantizar que todos puedan participar del debate público dentro del marco de la Constitución y las leyes.
Los gobiernos pasan. La Constitución permanece. Y mientras ella siga siendo la norma suprema de la República, ningún dominicano debería sentir que expresar una opinión con respeto, responsabilidad y amor por su país pueda convertirse en un motivo de temor.
Porque una democracia fuerte no le teme a la voz de su pueblo; la escucha, la respeta y aprende de ella.
