Regular los juegos de azar no puede convertirse en una puerta abierta para que el casino entre al barrio, a la familia y al futuro de nuestros hijos.
Señor Presidente:
Hay decisiones que un gobernante puede firmar sin que la historia se detenga demasiado en ellas. Hay otras, sin embargo, que terminan diciendo más de una gestión que muchos discursos, muchas obras inauguradas y muchas fotografías oficiales.
La Ley General de Juegos de Azar puede ser una de esas decisiones.
Formalmente, el proyecto se debate en el Congreso Nacional. Pero usted y el país saben que, cuando existe una mayoría legislativa alineada con el Gobierno, hay iniciativas que avanzan o se detienen dependiendo de la voluntad política del Presidente de la República. Por eso esta reflexión no va dirigida, principalmente, a los legisladores. Va dirigida a usted, porque sin su consentimiento político este proyecto no tendría futuro en los términos en que hoy preocupa a amplios sectores de la sociedad.
Y conviene decirlo desde el principio: el problema no es que el Estado regule los juegos de azar. Regular es necesario. Fiscalizar es correcto. Ordenar un sector que mueve tanto dinero, tantos intereses y tantos puntos de operación es una obligación pública. El problema surge cuando, bajo el nombre respetable de regulación, se abre la puerta a una expansión socialmente peligrosa de juegos electrónicos, virtuales, tragamonedas, ruletas digitales y modalidades de casino en espacios donde nunca debieron entrar.
Una cosa es regular para controlar. Otra, muy distinta, es regular para legalizar el desorden.
Presidente, usted es un hombre de familia. Más allá de la política, de los cargos y de las circunstancias del poder, sabe que ningún padre sensato quiere para sus hijos un país donde la esperanza de progreso sea sustituida por una pantalla de apuestas. Ningún padre desea que los jóvenes crezcan rodeados de estímulos que les enseñen, desde temprano, que el futuro puede depender de una jugada, de una máquina, de una ruleta o de la ilusión peligrosa de recuperar en segundos lo que cuesta días, semanas o meses ganar trabajando.
Los juegos electrónicos y virtuales no son simples pasatiempos inocentes. Su dinámica es rápida, repetitiva, visualmente seductora y psicológicamente envolvente. No funcionan como la vieja apuesta que obligaba a esperar un sorteo. Funcionan con inmediatez. El jugador pierde y vuelve. Gana poco y se entusiasma. Pierde más y persigue la recuperación. Ahí se incuba la ludopatía, esa enfermedad silenciosa que no solo vacía bolsillos, sino que deteriora hogares, rompe confianza, aumenta deudas, produce angustia y convierte a la familia en víctima de una apuesta que muchas veces nunca hizo.
Por eso, Presidente, esta ley no puede medirse únicamente por lo que recaude el Estado. No todo ingreso fiscal representa bienestar social. Hay pesos que entran por una ventanilla pública y salen multiplicados en conflictos familiares, endeudamiento informal, ansiedad, frustración, abandono escolar, violencia económica y deterioro comunitario.
Un país no se construye convirtiendo la necesidad del pobre en mercado para la apuesta.
La mayor preocupación no está solo en el adulto que decide apostar. La preocupación más honda está en el niño que crece viendo la apuesta como parte normal del paisaje. Una banca en cada esquina, un punto de venta en cada barrio, una pantalla funcionando como pequeño casino, una ruleta electrónica al alcance de la mirada de menores, no son signos de modernidad. Son señales de una sociedad que empieza a confundir entretenimiento con resignación y regulación con rendición.
El casino no debe mudarse al barrio con otro nombre, otra pantalla y otra licencia.
El país necesita reglas, sí. Pero reglas fuertes, claras y escritas en la ley, no abandonadas a reglamentos futuros ni a la discreción del funcionario de turno. Las distancias mínimas frente a escuelas, hospitales, iglesias, estancias infantiles y centros comunitarios deben estar expresamente protegidas. La prohibición de acceso a menores debe ser real, verificable y sancionable. Los locales destinados a modalidades de alto riesgo deben cumplir condiciones estrictas de seguridad, control, supervisión tecnológica y responsabilidad operativa.
Y algo debe quedar claramente establecido: los juegos electrónicos o virtuales de casino no pueden instalarse en puntos abiertos, improvisados o de acceso cotidiano en comunidades populares. Si el Estado no pone ese límite, el mercado lo empujará todo. Porque cuando el negocio encuentra una rendija, la convierte en avenida.
Señor Presidente, esta no es una discusión contra la libertad económica. Toda actividad privada tiene límites cuando puede producir daños públicos. El Estado regula el alcohol, el tabaco, los medicamentos, la publicidad, los horarios, las zonas protegidas y muchos otros ámbitos de la vida económica. ¿Por qué los juegos de azar de mayor potencial adictivo merecerían menos prudencia?
A usted le corresponde decidir si esta ley será recordada como un instrumento de orden o como una licencia para expandir el azar sobre la vida cotidiana de los dominicanos.
La historia no suele recordar cada artículo de una ley. Pero sí recuerda cuando un gobernante abrió una puerta peligrosa o cuando tuvo la sensatez de cerrarla a tiempo. Usted todavía puede hacerlo. Todavía puede pedir que se corrija lo que deba corregirse. Todavía puede exigir que la regulación no sirva de disfraz para la masificación. Todavía puede decirle al país que el Gobierno no permitirá que intereses empresariales, por poderosos que sean, coloquen pantallas de apuesta donde debe haber escuelas, familias, clubes, iglesias, parques, deporte, cultura y oportunidades.
No se trata de demonizar todo juego de azar. Se trata de entender que no todo lo legalmente posible es socialmente conveniente. Se trata de recordar que el Estado no está para acompañar la ansiedad de los mercados, sino para proteger a la sociedad cuando esos mercados pueden hacer daño.
Presidente, piense en el país que quiere dejar. Piense en sus hijos. Piense en los hijos de quienes no tienen acceso a salones de poder, pero sí viven al lado de una banca, de una agencia, de un punto de apuesta o de un negocio que mañana podría convertirse en casino de barrio con permiso oficial. Piense en cómo quiere que se lea esta decisión cuando ya no se hable del cálculo político de hoy, sino del impacto social de mañana.
Hay momentos en que gobernar consiste en recaudar. Pero hay otros en que gobernar consiste, sobre todo, en decir no.
No al desorden disfrazado de modernización.
No a la expansión irresponsable bajo el nombre de regulación.
No a convertir la desesperación económica en negocio permanente.
No a permitir que el azar le dispute a la educación, al trabajo y a la familia el corazón de los barrios dominicanos.
Señor Presidente: usted todavía puede decidir si esta será una ley para ordenar el juego o una ley que termine jugando con el país.
Y cuando una ley juega con el país, no pierde una ficha. Pierde la sociedad.
