SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados recibió la posición del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, con relación al proyecto de ley que establece una amnistía en el pago de las multas.
La iniciativa es en virtud de la aplicación de la ley 241 sobre tránsito y vehículos, que data del 28 de diciembre de 1967.
La pieza legislativa del congresista Miguel Espinal, señala en algunos de sus considerandos, que actualmente existen personas que adeudan multas con motivo de la aplicación de la Ley no.241, por lo que resulta oportuno establecer un mecanismo efectivo que permita su cobro y contribuya a la implementación de la ley sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que promulgó el Poder Ejecutivo el 21 de febrero del 2017.
El legislador Tobías Crespo, presidente de la comisión, junto a los demás miembros, manifestó la intención de que se pueda buscar una medida de sincerización, debido a que el tema de las multas y su aplicación es complicado.
En ese sentido, reseñó el caso de un familiar que estando fuera del país, le aparecieron en el sistema 26 multas por diversas violaciones a la ley de tránsito, cuando ni siquiera se encontraba residiendo en el país.
Crespo, al igual que otros congresistas, aseguró que como legisladores le llegan casos de ciudadanos con multas hasta por falta de casco protector, que nunca han conducido una motocicleta, o que nunca han tenido ni siquiera licencias.
De su lado, el procurador, con respecto a la ordenanza del diputado Espinal, consideró que se debe eliminar la propuesta, y proponer una nueva que reduzca en un 50% las multas que ahí se contemplan.
Dijo también, que para sustituir la ley, se deben proveer los recursos que se recaudan a través de ella para la Procuraduría operar.
Indicó que es responsabilidad de la Procuraduría llevar el sistema penitenciario, y para eso requiere de miles de millones de pesos adicionales para poder funcionar de la manera que necesita.
Rodríguez fue enfático en decir que pese a las recaudaciones que adquiere la Procuraduría a través de esas multas, aún sigue siendo precario el presupuesto que ellos manejan.
En ese sentido, expresó que la realidad es, que, pese a esas recaudaciones, aún continúan con déficit para cubrir la alimentación, formación, higiene, seguridad, entre otras cosas, de más de 26 mil privados de libertad que están bajo su responsabilidad.
«Lo que ustedes ven en los medios de comunicación sobre el sistema penitenciario es cierto, hemos mejorado, sí, pero lo poco que hemos logrado, lo hacemos precisamente con esos fondos que se recaudan por esa vía».
Por tal razón, el funcionario señaló que de ocurrir una amnistía, más de 26 mil presos morirían de hambre en pocos días.
De tal manera, sugirió a los comisionados, identificar entonces una fuente externa para cubrir esa parte.
Al referirse a las quejas que reciben los diputados de sus representantes sobre las multas que les aparecen en el sistema, el funcionario aseguró que el 90% de las mismas si pertenecer a ciudadanos que han cometido una infracción contra la ley.
Expresó que el papel de ellos es ejecutar la ley, y sin embargo, ni siquiera la misma cuenta con un reglamento.
