Tras el dictamen de la alta corte, fue la Junta Central Electoral (JCE) la que posteriormente adoptó una interpretación más amplia.
Al examinar en 2023 la situación jurídica del Partido Demócrata Institucional (PDI), la JCE entendió que cuando varios partidos concurren integrados en una alianza y de esa unión resulta electo un candidato, esa representación puede beneficiar a todas las organizaciones integrantes del pacto.
La consecuencia significa que para un micropartido, una alianza con una organización mayoritaria puede convertirse no solamente en una estrategia electoral, sino también en un mecanismo para preservar su reconocimiento jurídico y acceder a financiamiento público.
RD$129.6 millones entre 33 organizaciones
Para este 2026, la JCE presupuestó 1,620 millones para financiar los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
El reparto quedó estructurado en tres segmentos:
Los partidos mayoritarios: PRM, Fuerza del Pueblo y PLD reciben el 80 %, equivalente a 432 millones de pesos para cada uno.
* Los partidos intermedios: PRD, PRSC, Dominicanos por el Cambio, País Posible y BIS reciben 38.88 millones de pesos cada una.
* Los partidos minoritarios: 33 organizaciones pequeñas se distribuyen en partes iguales 129.6 millones de pesos.
En este último grupo, las diferencias de en cantidad de votos no modifican el monto que reciben.
Así, el Movimiento Político Águila, que obtuvo 731 votos, recibe la misma asignación de casi cuatro millones de pesos que el Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo, que figura con cero votos.
También reciben una suma similar el Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP), el Movimiento Comunitario Político Nosotros Pa´ Cuando, el Movimiento Humanista Independiente y el Movimiento Cívico Cabrereño.
Personería y financiamiento, dos asuntos diferentes
La controversia volvió este año al Tribunal Constitucional. En una sentencia del 11 de agosto de 2026, el TC rechazó el recurso interpuesto por Justicia Social (PJS), PUN y Opción Democrática (OD) contra una decisión del TSE.
La decisión obliga a distinguir dos cuestiones que suelen confundirse: una es conservar la personería jurídica y otra es determinar cuánto dinero público corresponde a una organización que mantiene ese reconocimiento.
El criterio recogido en la sentencia vincula el acceso al financiamiento con la condición de organización política reconocida.
Por eso, el verdadero centro de la disputa sobre los 33 partidos pequeños no está únicamente en los votos que obtuvieron, sino en una cuestión previa para determinar si legalmente conservan o no su personería jurídica.
Mientras esa condición permanezca vigente, siguen siendo organizaciones reconocidas por la JCE y, por tanto, reciben dinero del Estado.
La batalla por las 33 personerías
Precisamente ese es el punto que Proyecto Visión Nación, plataforma encabezada por José Cristopher Ramírez, llevó ante el TSE al solicitar la anulación de la personería jurídica de 33 partidos y movimientos minoritarios.
Los demandantes también intentaron detener provisionalmente el desembolso de los recursos. Argumentaron que, si finalmente los tribunales ordenan la desaparición jurídica de esas organizaciones, el Estado difícilmente podría recuperar el dinero entregado durante el proceso.
La JCE defendió el reparto alegando que estaba aplicando las reglas de financiamiento vigentes y una decisión del TSE que ordenaba financiar a las organizaciones reconocidas.
Incluso, los abogados de la Junta sostuvieron durante la audiencia que la solicitud para suspender los pagos «carecía de objeto» porque el dinero presupuestado para 2026 ya había sido distribuido a los partidos.
El TSE rechazó ese argumento porque la Junta no presentó certificaciones o documentos que demostraran que la totalidad de los recursos había sido efectivamente transferida.
Sin embargo, tampoco aceptó congelar los fondos. Los magistrados entendieron que la petición no satisfacía las condiciones exigidas por el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales para adoptar una medida cautelar.
Una decisión pendiente
El resultado de todas las decisiones judiciales provoca que todas las organizaciones que obtuvieron cientos de votos, y hasta la que figuran con cero, continúan recibiendo recursos públicos porque conservan, hasta ahora, su reconocimiento jurídico.
Las alianzas electorales y las sucesivas decisiones de la JCE, el TSE y el Tribunal Constitucional crearon un esquema en el que la votación obtenida no constituye por sí sola la respuesta definitiva sobre la supervivencia de una organización.
La próxima fecha clave será el 25 de agosto ya que ese día el Tribunal Superior Electoral deberá decidir sobre la demanda que busca anular a los 33 partidos minoritarios.
La decisión permitirá despejar la cuestión que está en el fondo de la controversia: cuáles de esos partidos y movimientos conservan legítimamente su personería jurídica.
Ese dictamen del TSE también establecerá su permanencia futura dentro del sistema de financiamiento público.
Hasta entonces, continúa una paradoja en la que un movimiento con apenas cientos de votos puede recibir prácticamente lo mismo que otro que aparece con cero, porque ambos siguen jurídicamente reconocidos.
