El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió este lunes sobre el presunto aumento de estudiantes haitianos inscritos en las escuelas públicas del país y consideró que esa situación evidencia una falta de planificación en el sistema educativo.
Fernández explicó que en 17 años la proporción pasó de aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13.
Según sus datos, la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de poco más de 25,000 en 2007 a más de 205,000 en 2025, un incremento de 716 %.
«Estamos hablando de un incremento de 716 %. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos«, expresó en una nota de prensa.
Aunque reconoció el derecho a la educación establecido en la Constitución, el legislador sostuvo que el Estado también debe fortalecer el control migratorio.
«Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana«, afirmó.
Pide fortalecer la frontera
Fernández consideró necesario fortalecer y «blindar» la frontera y afirmó que una política migratoria desordenada termina trasladando sus efectos a los hospitales, la seguridad ciudadana, las finanzas públicas y las escuelas.
Como ejemplo, señaló que mientras se incorporaron más de 180,000 estudiantes haitianos a las escuelas, unos 141,500 estudiantes dominicanos dejaron las aulas, según su investigación.
«Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad«, enfatizó.
Iniciativas en el Congreso
El senador también destacó iniciativas que impulsó en el Congreso para aumentar las penas y establecer la inhabilitación para ejercer cargos públicos a funcionarios condenados por delitos relacionados con la trata y el tráfico de personas.
Aseguró que, con el respaldo de legisladores de distintos partidos, se aprobó que un funcionario involucrado en el tráfico ilícito de migrantes pueda enfrentar hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Fernández señaló que su propuesta original contemplaba una inhabilitación de por vida.
Cuestiona programa
El legislador también cuestionó el programa mediante el cual el Gobierno coloca temporalmente en colegios privados, a través de bonos o cupones, a estudiantes que no encuentran espacio en las escuelas públicas.
Recordó que la medida fue presentada en 2022 como una solución transitoria mientras se construían nuevas aulas, pero dijo que tres años después se había triplicado la cantidad de estudiantes sin cupo y también la presión del programa sobre el presupuesto público.
«¿Cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo?», cuestionó.
A propósito del inicio del año escolar, Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad a discutir la situación y plantear soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, ampliación de la infraestructura escolar y protección de los recursos públicos.
