El acuerdo petrolero es el ejemplo más llamativo hasta la fecha del nuevo capitalismo de Estado de Trump.
Tras la incursión de enero para capturar a Nicolás Maduro, Donald Trump pronosticó una ola de nuevas inversiones en el deteriorado sector petrolero de Venezuela. Sin embargo, estos compromisos financieros no se han materializado. Después de más de una década de gestión corrupta e ineficaz, muchos pozos petroleros existentes están en mal estado y la infraestructura está agotada, lo que exige enormes desembolsos. Además, el petróleo en sí es difícil y costoso de extraer.
Pero, sobre todo, las principales compañías petroleras del mundo están recelosas de la situación política. Durante las presidencias de Hugo Chávez y Maduro, el sector vio cómo la economía se hundió y sufrió la confiscación de algunos de sus activos. Muchos ejecutivos no creen que un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez — quien fue vicepresidenta de Maduro — represente un cambio lo suficientemente significativo como para restablecer la confianza.
Es posible que empiecen a surgir algunos acuerdos. El miércoles, Chevron se comprometió a invertir US$7 mil millones para más que duplicar su producción en Venezuela. No obstante, para acelerar la reactivación del sector petrolero venezolano, Trump tiene dos opciones. Una sería impulsar elecciones anticipadas que dieran paso a un gobierno elegido democráticamente. Un nuevo presidente podría marcar una ruptura clara con el pasado y negociar grandes inversiones sobre la base de una legitimidad política genuina.
Sin embargo, es probable que un diálogo sobre nuevas elecciones respaldado por EEUU lleve tiempo, y Trump quiere mostrar avances decisivos a los votantes estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato. Un presidente electo también podría plantear complicaciones: la oposición venezolana es todo menos antiestadounidense, pero un nuevo gobierno tendría la autoridad para trazar su propio camino en lugar de seguir las directrices de Washington.
Trump ha elegido otra opción: una serie de acuerdos poco convencionales. En lo que quizá sea el ejemplo más llamativo del nuevo tipo de capitalismo de Estado de la Casa Blanca, EEUU se está asociando con Alejandro Betancourt, una de las figuras más polémicas del mundo empresarial venezolano.
En virtud del acuerdo, EEUU adquirirá una participación del 35 por ciento en la empresa petrolera de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP), la cual ha obtenido una concesión que abarca 17 yacimientos petrolíferos y alrededor de una quinta parte de las reservas de Venezuela. Betancourt ya está negociando con inversores posibles acuerdos relacionados con estos activos.
Desde la perspectiva de la Casa Blanca, esta estructura presenta dos ventajas. La primera es que las compañías petroleras interesadas en invertir en Venezuela ahora pueden canalizar sus gestiones a través de Betancourt — descrito por un alto funcionario estadounidense como un «operador de probada eficacia» — en lugar de tratar con la lenta petrolera estatal, PDVSA.
La segunda ventaja tiene que ver con algunas empresas que buscan garantías antes de regresar a Venezuela. La inversión estadounidense se gestionará a través de la Oficina de Capital Estratégico (OSC, por sus siglas en inglés) del Pentágono, la cual cuenta con los recursos necesarios para ofrecer garantías financieras a los inversores o a sus bancos.
Sin embargo, existen importantes inconvenientes. Aunque aún no se han hecho públicos todos los detalles del acuerdo, éste plantea interrogantes jurídicos tanto en EEUU como en Venezuela. En el Congreso, los demócratas lo califican de abuso de poder.
A esto se suma la figura del propio Betancourt. La administración sostiene que posee la determinación y la agresividad necesarias para lograr resultados en Venezuela. No obstante, también es una figura detestada por sectores de la oposición, ya que es un miembro destacado del grupo que amasó enormes fortunas bajo el mandato de Chávez, en ocasiones mediante acuerdos ventajosos y poco transparentes. Los posibles inversores se preguntan si este acuerdo sobrevivirá el escrutinio político en cualquiera de los dos países, especialmente si unas elecciones dan paso a un nuevo gobierno venezolano.
