En una actualización sobre Nicaragua, la Oficina de Derechos Humanos denunció este lunes que el gobierno se “desvía” cada vez más del estado de derecho y que la “impunidad es la norma” en el país.
La Alta Comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, dijo que sigue “descorazonada” por la falta de medidas para impedir que se produzcan violaciones de las libertades fundamentales y por el “continuo distanciamiento del gobierno de los derechos humanos, el estado de derecho y otros principios democráticos”.
Persecución de líderes políticos e indígenas
Según la Oficina, el gobierno sigue persiguiendo a quienes pueden aportar una visión alternativa a la esfera pública, incluyendo a líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores, periodistas…, y extendiendo aún más el control político sobre la Costa Caribe de Nicaragua.
Además, muchos de los perseguidos políticos permanecen en el exilio, sin posibilidad de volver.
En este contexto, el 3 de octubre las autoridades “cancelaron arbitrariamente” la personalidad jurídica de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente de la nación.
La Oficina advirtió que sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de libertad por la policía sin orden de arresto ni debido proceso y que sigue preocupada por la salud y la integridad física de uno de ellos, un hombre de 71 años, cuya suerte y paradero siguen sin conocerse desde su detención el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en una situación que equivale a una desaparición forzada.
El otro miembro fue condenado a ocho años de prisión el 13 de diciembre por “atentar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas”, en un proceso que careció de las debidas garantías procesales y judiciales, señaló Al-Nashif.
“Tras estas detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron reasignados ilegalmente al partido gobernante”, añadió. Estas medidas son especialmente preocupantes en el contexto de las próximas elecciones regionales en la Costa Caribe, previstas para marzo de 2024.
Reducción del espacio cívico
Además, Al-Nashif señaló que continúan las restricciones al espacio cívico, con repetidos casos de detención arbitraria contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.
“Según fuentes de la sociedad civil, 17 mujeres y 54 hombres, entre ellos opositores políticos y defensores de los derechos humanos, siguen detenidos arbitrariamente”, especificó.
Según los informes, algunos juicios penales se celebran sin la presencia física de los acusados, que sólo participan por videollamada, y sin asistencia letrada.
“Nuestra Oficina ha documentado informes de tortura durante la detención, así como información sobre amenazas contra los presos y sus familiares advirtiéndoles de que no denuncien las condiciones de detención”, añadió.
Éxodo y debilitamiento de las instituciones
Al-Nashif concluyó que cada día el país se desvía más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la gente, provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas.
“Hago un llamamiento a Nicaragua para que invierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo, anclado en los derechos humanos”, dijo la Alta Comisionada adjunta.
