Amnistía Internacional instó este martes al Gobierno dominicano a poner fin a las violaciones de derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de sus políticas migratorias, que la organización calificó de racistas.
En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a instituciones estatales, Amnistía Internacional, en compañía de otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que esas políticas migratorias se basan en la discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.
“El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250.000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional”, afirmó en un comunicado, en relación a esta “carta abierta”, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Estas expulsiones colectivas “son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, apuntó.
“La drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traído consecuencias significativas, afectando a familias que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria”, agregó Piquer.
En la carta se destaca que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo menores y mujeres embarazadas y puérperas.
Las organizaciones firmantes llaman a las autoridades a garantizar que las personas haitianas tienen acceso a procedimientos de asilo, sin discriminación, y a reanudar las vías legales de entrada y permanencia de personas trabajadoras, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia legal en el país.
Amnistía Internacional también pidió a las autoridades investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas.
Asimismo, que se abstengan de detener y deportar mujeres embarazadas, menores y personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como garantizar el derecho a defender los derechos humanos.
“Tenemos información de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas”, reza el texto.
Según la organización, en lugar de proteger a estas personas “del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra”.
Para Piquer, “en este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus antepasados o su estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos”.
