El representante nacional del Partido Quisqueyano Demócrata, Elías Wessin, presentó en 2022 en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución con el cual buscaba exhortarle al presidente Luis Abinader utilizar la isla Beata como sede de una nueva cárcel para mitigar el hacinamiento.
Para el congresista, la construcción de un centro penitenciario en la isla Beata que albergaría a condenados a penas mayores de 5 años, serviría para descongestionar los recintos con mayor sobrepoblación, facilitando así la conversión de los reclusos en entes productivos y educados.
La pieza fue enviada al estudio de la Comisión Permanente de Justicia, donde la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel) de la Cámara de Diputados determinó que la construcción de un modelo penitenciario en la Isla Beata estaría en contradicción con el texto de la Constitución.
Según estableció el equipo de asesores congresuales, acoger la recomendación del legislador Wessin desacataría lo dictado en el artículo 16 de la Carta Magna, el cual ordena el respeto a los límites de las áreas protegidas, indicando que estos solo pueden ser reducidos a través de una ley, con la aprobación de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras.
Ante esta situación, los integrantes de Ofitrel consideraron que para poder utilizar el terreno del territorio perteneciente a la provincia Pedernales es necesaria una nueva ley que reduzca su nivel de protección. Ese espacio es parte integral del Parque Nacional Jaragua, una de las mayores áreas protegidas registradas en el territorio dominicano.
La Comisión presidida por el diputado Jesús Manuel Sánchez Martínez acogió las observaciones del Ofitrel, manteniendo el proyecto de resolución con la exhortación dirigida al presidente Abinader y el Poder Judicial de crear un plantel que reúna las condiciones para recibir a 10,000 presos. Pero, eliminando la motivación de levantar la edificación en la Isla Beata.
Finalmente, la iniciativa fue conocida el pasado 24 de marzo, donde los representantes votaron a favor de la sugerencia dirigida al Poder Ejecutivo y las instancias judiciales vinculadas con la administración de las prisiones.
“Aumento de la criminalidad”
Según el informe de la comisión legislativa, las más recientes estadísticas del sistema penitenciario nacional evidencian que la población carcelaria asciende a 27,200 internos, distribuidos en tres Centros de Atención de Privados de Libertad (Caplip), 19 Centros de Privación de Libertad (CPL) y 24 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).
Estos fueron diseñados para recibir, en conjunto, un máximo de 4,679 privados de libertad.
Sin embargo, actualmente concentran 16,479, lo que representa un excedente de 11,800 reclusos por encima de su capacidad instalada, “equivalente a una tasa de hacinamiento de doscientos cincuenta y dos por ciento”.
Esta problemática se agrava debido al “incremento sostenido de la criminalidad en el país”, resultando así indispensable la construcción de prisiones, así como un régimen adecuado y diferenciado conforme al estatus jurídico de cada reo.
