El Salvador aprobó el martes 17 de marzo el inicio de un proceso de reforma constitucional para permitir la pena perpetua contra homicidas, violadores y terroristas. La medida fue presentada en un contexto de cuatro años bajo régimen de excepción y marcada por una fuerte disminución de la criminalidad, lo que el oficialismo interpreta como la recuperación irreversible del control territorial.
Al explicar el alcance de la reforma, la diputada Suecy Callejas, del partido oficialista Nuevas Ideas, destacó: “El Salvador no acepta más los consejos ni lecciones de aquellos que no son empáticos con el sufrimiento del pueblo salvadoreño. La paz que hoy respiramos no es negociable. No es negociable con organismos internacionales ni con opositores que prefieren el caos para recuperar sus negocios. El régimen de excepción recuperó el territorio, recuperó las comunidades y se las devolvió a la gente. Pero estas reformas aseguran además que esa recuperación sea irreversible”.
La reforma busca eliminar la prohibición constitucional de la pena perpetua vigente desde el artículo 27
El diputado Giovanny Zaldaña subrayó que el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución prohíbe las penas de prisión perpetua, pero aseguró que el objetivo de la reforma es cambiar esa disposición porque “las leyes deben ser escritas para salvaguardar a los salvadoreños de bien”, según declaraciones emitidas en directo.
En el debate, el diputado Christian Guevara desligó la cadena perpetua del concepto de tortura: “La cadena perpetua no es tortura, tortura es lo de una madre que buscaba a su hijo que le desaparecieron las pandillas, todos sabemos lo que hicieron los de la Mara 18, los Locos Salvatruchos”.
Aportando cifras históricas, el diputado Caleb Navarro enfatizó: “Aquella persona que no se tocó el corazón para violar, para matar a sangre fría y para todos aquellos pandilleros que sabemos todos que asesinaron a más de 120 mil salvadoreños, yo creo que está claro el mensaje”.
Polémica y demandas en torno a la reparación de las víctimas
El debate legislativo giró en torno a la pregunta de si las leyes deben enfocarse más en proteger a las víctimas que a los acusados de delitos graves. Callejas argumentó que el sistema anterior privilegiaba las garantías de los criminales sobre la vida de “las personas honradas”, y que estas reformas buscan “corregir décadas de injusticia, poniendo en el centro el derecho a los salvadoreños y, sobre todo, el derecho a vivir sin miedo”.
La diputada Marcela Villatoro (ARENA) aportó una perspectiva centrada en las víctimas de violencia sexual y menores de edad. Aludió al reciente escándalo por la exhibición mediática de un condenado por violación en actividades de reintegración: “Después de ver el video que subió Centros Penales de este violador, salieron las madres y familias de dos niñas que había violado este violador. Salen las madres denunciando que ellas creen que es cierto que hay que ayudar a la reinserción, pero esta persona ya lo estaban poniendo como ejemplo de cambio, debido a las críticas tan fuertes que se vieron en redes sociales, lo que hizo Centros Penales fue borrar la publicación, pero eso no borra el daño que se les hizo a las familias al poner a ese sinvergüenza”.
Villatoro exigió que los condenados por delitos sexuales nunca vuelvan a ver la luz del día y solicitó la incorporación de la castración química en el Código Penal, además de un informe al director de Centros Penales, Osiris Luna, sobre el porqué de la exposición pública de un condenado en actividades con niños. Pese a la gravedad de las acusaciones, sus propuestas solo obtuvieron dos votos entre los 60 diputados presentes: el resto se abstuvo. De acuerdo con lo expuesto en el debate parlamentario, la castración química es una iniciativa que ARENA ha intentado llevar al estudio parlamentario durante los tres últimos trienios sin reunir apoyos suficientes, aunque su objetivo sigue siendo aplicarla a violadores.
Disyuntiva legislativa y cuestionamientos sobre derechos fundamentales
Durante la sesión, funcionarios como Callejas remarcaron lo que consideran una decisión de fondo: “En esta decisión, ahora, queridos diputados, hay dos opciones: o defendemos la vida de las familias salvadoreñas o defienden a los criminales. Eso implica cada, cada votación”.
Desde la oposición, se planteó la preocupación por la visibilidad pública de condenados y el impacto de esas acciones sobre las víctimas, tomando como ejemplo el caso de la familia de Carlos Abarca, desaparecido sin respuesta del sistema judicial. El debate parlamentario deja en evidencia la polarización que genera la discusión sobre el endurecimiento punitivo, al tiempo que el oficialismo ratifica su apuesta por medidas irreversibles con la mira en “las futuras generaciones” y en la afirmación, según Callejas, de que “no estamos trabajando para un momento ni para tres años”.
