Santo Domingo.- A pocos días de que entre en vigencia el nuevo Código Penal, previsto para el próximo 3 de agosto, el debate ha tomado un nuevo giro con las propuestas de diversos sectores que plantean aplazar su aplicación para revisar artículos cuestionados e incluso esperar el resultado de posibles acciones de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una firme oposición entre legisladores, juristas y funcionarios que participaron en el proceso de reforma, quienes sostienen que la normativa debe comenzar a aplicarse en la fecha establecida y que cualquier aspecto susceptible de mejora puede corregirse posteriormente mediante modificaciones legislativas.
Tras más de dos décadas de debates, cientos de horas de trabajo en comisiones, múltiples intentos fallidos y una de las discusiones más polarizantes que ha vivido el Congreso Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, y el diputado oficialista Ramón Bueno coincidieron en rechazar un nuevo aplazamiento.
De los Santos sostuvo que el país no puede seguir esperando una legislación moderna y recordó que toda ley es perfectible, pero advirtió que retrasar nuevamente la entrada en vigor del código dejaría al sistema de justicia sin herramientas para enfrentar modalidades delictivas que no están contempladas en la legislación vigente.
En la misma línea, Ramón Bueno defendió que el Congreso agotó un amplio proceso de consultas y consenso antes de aprobar la pieza, en el que participaron representantes de distintos sectores de la sociedad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que considera que el país necesita comenzar a aplicar la nueva normativa.
Las posiciones responden a los planteamientos realizados por instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio Médico Dominicano, que han solicitado revisar algunos artículos del código e incluso posponer su entrada en vigencia mientras el Tribunal Constitucional conoce eventuales recursos de inconstitucionalidad.
A esas advertencias se sumó el abogado penalista Miguel Valerio, quien alertó que extender la vacatio legis, el período comprendido entre la promulgación de una ley y su entrada en vigor, podría generar un vacío jurídico.
A través de su cuenta en la red social X, el jurista explicó que la nueva legislación deroga expresamente el Código Penal vigente y varias leyes penales especiales, por lo que aplazar su aplicación no sería jurídicamente viable.
“Si el Código Penal no entra en vigencia en agosto, simplemente no habrá ley penal porque el anterior se encuentra derogado, al igual que varias leyes especiales. Debemos diferenciar entrada en vigencia de derogación expresa”, afirmó.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, también consideró conveniente que el código sea promulgado y que, de inmediato, se inicie un proceso de revisión para corregir los aspectos que generen preocupación.
En ese sentido, reconoció que existen disposiciones relacionadas con la libertad de expresión que podrían ser objeto de ajustes y reveló que el Gobierno mantiene conversaciones con líderes de opinión, representantes de medios de comunicación y plataformas digitales.
Modificación
— Garantías
El diputado Charlie Mariotti Jr. depositó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley orgánica que modifica los artículos 208, 310 y 315 de la Ley núm. 74-25, con el propósito de fortalecer las garantías constitucionales.
