El presidente paraguayo Santiago Peña renunció a su cargo, en jaque por el escándalo financiero del Ueno Bank, pero los diputados no le aceptaron la renuncia y decidieron destituirlo por juicio político, para evitar que adquiera fueros como senador vitalicio ante un proceso penal. El mandatario conservador ha comunicado que se presentará y ejercerá su defensa “con argumentos y pruebas”.
La sesión estaba prevista para este viernes, pero Peña ha pedido una prórroga de 72 horas para prepararse. “Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso”, argumentó Peña a través de las redes sociales. El Senado debe decidir ahora si acepta el plazo extra solicitado por el presidente o avanza con el cronograma previsto.
La jornada política del jueves fue vertiginosa y por momentos confusa. Poco después de que comenzara la sesión en la Cámara de Diputados para enjuiciarlo, el mandatario comunicó que renunciaba a su cargo. Los legisladores decidieron rechazar la carta de renuncia y votaron por unanimidad a favor del juicio político. Si aceptaban su dimisión, Peña quedaría como senador vitalicio, sin voz ni voto, pero con inmunidad parlamentaria que le permitiría evitar ir a juicio.

La decisión arruinó los planes del expresidente Horacio Cartes, máximo responsable del Partido Colorado, quien desde la mañana había montado un comando de poder paralelo en la sede del local partidario, rodeado de altas figuras políticas como el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el expresidente Nicanor Duarte Frutos; y el propio presidente del Congreso, Basilio Núñez. Cartes quería que se aceptara la renuncia de Peña y acelerar la jura de Alliana como nuevo mandatario.
Forzando las reglas parlamentarias, Núñez convocó una sesión conjunta de las dos Cámaras para debatir si se aceptaba la renuncia de Peña, cuando en realidad debía convocar al Senado para continuar el juicio político. Los legisladores de la oposición y los colorados disidentes asistieron y defendieron el rechazo a la renuncia. Al ver que no tenían votos suficientes, los colorados cartistas abandonaron la sala y dejaron sin quórum la sesión. Fue un vano intento de coartar el proceso: dos horas después se anunció que el Senado sesionaría para tratar el juicio político a Peña.
El presidente respondió al anuncio con un desafío: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”.

Mientras en la Cámara de Diputados se presentaban las acusaciones contra Peña, una multitud de ciudadanos se manifestaba en las plazas del Congreso por tercera noche consecutiva y seguía atentamente la retransmisión de los discursos.
El juicio prosigue este viernes con la defensa del mandatario acusado y las autoridades del Senado estiman que pueda resolverse en una sola jornada, aunque no se descarta que se prolongue por más días. Mientras tanto, el país se mantiene en una especie de limbo político, ya que Peña sigue siendo mandatario, pero en la práctica ya no tiene ninguna autoridad. El vicepresidente Alliana tampoco desarrolla una agenda gubernativa, manteniéndose a la expectativa de lo que pueda suceder.
Mientras el Congreso define la destitución, los mercados financieros ya acusan el golpe de la crisis institucional. El riesgo país de Paraguay se disparó un 23% en el transcurso de las últimas jornadas financieras. La moneda local sufrió un fuerte sismo cambiario: el guaraní se depreció un 8,8% frente al dólar en una sola semana, pasando de cotizar de 5.661 a 6.160 guaraníes por cada moneda estadounidense.
Al menos la jornada culminó con una buena noticia: el Banco Central empezó a pagar por la noche a los primeros ahorristas cuyos fondos habían quedado retenidos por el cierre de Ueno Bank. Empezaron a cobrar quienes tienen depositado hasta 10 millones de guaraníes (casi 1.448 euros al cambio), sin deudas y con cuentas en otro banco.









