Bogotá, Colombia.- Una comisión encabezada por el contralor general de la República, Catalino Correa, viajó a este país para explorar los resultados de la implementación del modelo de control preventivo y concurrente, basado en Big Data, y su repercusión positiva en la economía y el bienestar de la gente.
Al Contralor dominicano le acompañó el director de Planificación y Desarrollo, Rayner Castillo; la directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Carmen Mejía; el encargado del Departamento de Ingeniería, Andy Abreu y la especialista de la Unidad Antifraude, Mirtha Gutiérrez. También estuvo presente el embajador de República Dominicana en Colombia, Julio Cordero Espaillat.
La delegación fue recibida por el contralor general de Colombia, Felipe Córdoba Larrarte y la auditora general de su país, Alma Carmenza Erazo, quienes expusieron sobre el novedoso modelo y los esfuerzos que han realizado para establecer un control macro fiscal de las políticas públicas.
“Tanto nuestra visita a Colombia como la posibilidad de futuros acuerdos de colaboración se enmarcan dentro de los lineamientos del Gobierno de continuar fortaleciendo las competencias de los colaboradores y la eficiente implementación del control interno a gran escala”, sostuvo el contralor Correa.
El novedoso modelo le ha permitido a Colombia crear un sistema de georreferencia o control simultáneo de todas las obras, a través de satélites y drones, con los que pueden verificar en tiempo real la ejecución de los presupuestos, antes de que el Estado desembolse los pagos a los contratistas.
“Se trata de traducir la inversión pública en un valor público del gasto, y en función tal análisis, el Congreso Nacional pueda identificar razonablemente la asignación presupuestaria a cada órgano y ente del Estado”, sostuvo Rayner Castillo, director de Planificación y Desarrollo de la Contraloría.
Resaltó que Colombia también posee una red familiar de todos los posibles contratados del Estado, que le permite crear vínculos capaces de generar alertas para investigar a proveedores y controlar, al mismo tiempo, la adecuada ejecución del presupuesto y la política pública que debe implementar el organismo correspondiente.
