SANTO DOMINGO, RD. – La ley No. 112-00 sobre hidrocarburos, promulgada en el año 2000 en el gobierno de Hipólito Mejía fue modificada por el ex-presidente Danilo Medina en el año 2018 debido a que los gremios del transporte demandaron dicha modificación gracias a los impuestos que ellos tenían que pagar por el alto costo de los carburantes.
En ese mismo año, en una entrevista realizada por el programa el despertador, el economista Ernesto Selman afirma lo siguiente: “Nuestro país es uno de los que más impuestos tiene en los combustibles. Los precios de cada galón y de cada impuesto los fija el gobierno, mientras que el Ministerio de Industria y Comercio pone en marcha sus precios y esto conlleva a tomar en cuenta una fórmula para determinar lo que valen. Muchas veces no está claro el hecho de aplicar esta fórmula y debido a que se quiere aumentar los ingresos del estado se usa este método para aplicar un mayor tributo en ese sentido; la consecuencia radica en una alta recaudación”.
Hoy día las alzas sobre los precios de los combustibles han causado gran controversia en nuestro país debido a que esto ha provocado apagones en varios puntos a nivel nacional y por ende trae como consecuencia la queja de la ciudadanía.
El pasado 22 del mes de septiembre el Ministerio de Energía y Minas afirmó que las actuales interrupciones eléctricas y los elevados incrementos en tarifas de electricidad se deben al alto costo de carburantes como es el caso del gas natural, el carbono mineral y el déficit que presentó la Central Punta Catalina debido a que la firma contratada para el abastecimiento del carbón mineral en esta planta incumplió con lo acordado y ahora se procura utilizar la reserva total de esa termoeléctrica.
De su lado, el presidente de la Sociedad Acción Multiempresarial (SAM) Juan Javier Familia, expresó que las empresas dominicanas necesitan el servicio constante de energía para de esta manera generar producción, además del manejo adecuado que garantice el desarrollo de la industria y el comercio en la República Dominicana.
Por otra parte, la secretaría de este organismo Cesarina Mejía, manifestó que los empresarios no apoyarán la desinstalación de la ayuda concerniente al costo eléctrico, debido a que se ha tenido que asumir un alza salarial en plena disminución de la actual pandemia, por lo que a penas algunas empresas están reactivando su economía y un desmonte del subsidio eléctrico provocaría que dichas empresas cierren nuevamente sus puertas. Además, señaló que ha habido problemas con respecto a los apagones los cuales duran alrededor de hasta 5 horas todos los días.
