SANTO DOMINGO.- Inversionistas extranjeros demandaron del Ministerio Público pasar de las palabras a los hechos, ante las violaciones fragantes a su derecho fundamental de propiedad.
Los inversionistas que abandonar el país por la falta de garantía jurídica, hacen la denuncia tras el sometimiento presentado contra los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís.
Los empresas sometieron ante la justicia a los jueces Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Inoa Peña, Miguelina Vargas Santos y Gregorio Cordero Morales, a quienes acusan de dictar una ordenanza designando un secuestrario judicial de un inmueble en base a fotocopias de contratos viciadas de falsedad.
La querella fue presentada el 17 de diciembre del año pasado, y el mismo incluye los tipos penales de prevaricación, falsedad en documento público y privado, uso de documentos falsos, soborno, Asociación de malhechores, abuso de autoridad y en el ejercicio de autoridad pública y legal, robo agravado, complicidad entre otras violaciones.
Como parte de sus reclamos, el inversionista extranjero Julián Rodríguez, quien se hizo representar por su abogada Carol Jaramillo y su esposa China, también inversionista, Huang Kitty Qua, acudieron a la Procuraduría General de la República, procedente de los Estados Unidos, a fin de llamar la atención de las autoridades, para que busquen una solución al problema.
“Reclamamos protección de nuestros derechos por lo que solicitamos al Presidente de la República Dominicana, al Procurador General de la República, así como al Poder Judicial, actuar sin demora para que nos devuelvan nuestros activos y lleven al banquillo de los acusados a los infractores a la ley, a fin de recobran confianza en clima de inversión para volver a invertir en este gran país “, aseguró Kitty Qua durante la rueda de prensa realizada en la parte frontal de la Procuraduría.
El sometimiento también abarca los procuradores fiscales de Nagua, Braulio Duarte y Juan Antonio Mateo Ciprián, así como los notarios Onésimo García Rosario y Pedro Julio Marmolejos Reynoso, entre otros.
Los afectados alegan además en su querella que también han sido estafados por Marino Rosario Gullón y compartes, por la suma de 300 mil dólares, y ahora son víctimas conjuntamente con Julio César Núñez Alvarado del despojo de la posesión de la parcela 26, distrito catastral 4, Nagua.
También del robo de ganado, de plantaciones agrícolas variadas, por lo que lo acusan de violar los artículos 405, 265, 266,267, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 59, 60, 61, 62, 379, 381, 390, 391, 392, 393, 399, entre otros del Código Penal Dominicano.
De su lado, George Andrés López Hilario, abogado de los afectados, recordó que en la década de 1990 sometió a un policía a la acción de la justicia ordinaria era imposible: “En otras palabras, debemos abrir las puertas para que funcionarios judiciales, al ejercer la función jurisdiccional, que se aparan de la ley, sean juzgados y condenados; puesto que, quien jura cumplir la ley no debe bajo ninguna circunstancia constituirse en violadores de la misma”.
