SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas culminó la preparación del anteproyecto de modificación de la ley de Compras y Contrataciones, tras un amplio proceso de consultas a expertos nacionales e internacionales, funcionarios públicos, organizaciones empresariales y sociedad civil.
El anteproyecto de esta Ley No. 340-06 fue presentado hoy al Presidente Danilo Medina, como paso previo a su presentación ante el Congreso Nacional en la próxima legislatura.
En este contexto, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, expresó que «tal como prometió el Presidente Medina el pasado 27 de Febrero, esta nueva modificación mejorará la eficiencia y la transparencia de las contrataciones públicas, dando además mayores oportunidades comerciales para nuestros productores, especialmente para las pequeñas y medianas empresas».
De su parte, la doctora Yokasta Guzmán Santos, directora general de la institución, expresó que con la modificación de la ley se incrementa al 40% el porcentaje del presupuesto reservado a mipymes y mujeres, y establece por ley el pago a este sector en un plazo de 30 días.
La modificación también unifica las compras por montos debajo de cierto umbral para dirigirlas exclusivamente a mipymes, mujeres y personas con capacidades especiales.
Otro punto importante es el establecimiento por ley de la obligatoriedad del uso del Portal Transaccional y la profesionalización obligatoria de los encargados de compras de las instituciones, quienes deberán designar un supervisor del contrato para asegurar su seguimiento.
Se incluyen, además, sanciones penales de 4 a 10 años a quienes violen la ley de compras y se mejoran las metodologías de evaluación de las ofertas en los procesos de contratación, cerrando así las puertas a la discrecionalidad.
También se propone que cuando un proveedor presente un recurso de nulidad contra la adjudicación se suspenda automáticamente la suscripción del contrato por un plazo de 10 días.
Responsabilidad medioambiental. Se propone establecer criterios de sostenibilidad ambiental en las compras del Estado, tales como el uso efectivo de los recursos naturales, menor consumo de agua, el origen legal de los recursos naturales, uso de material ecológicamente amigable –reciclado, no tóxico o biodegradable– la disminución del uso de papel, y la promoción de la eficiencia energética.
Más incentivo para productores nacionales y la industria local. Con la modificación, los bienes destinados para los programas de asistencia social y alimentación escolar pasarían a ser adquiridos exclusivamente a los productores nacionales y locales, otorgando el rango de Ley a las disposiciones del Decreto 168-19.
