SANTO DOMINGO, RD. – El experto en derecho constitucional Olivo Rodríguez Huertas aseguró que las termoeléctricas “Punta Catalina desarrolla una actividad empresarial, pero desde el Estado”.
El jurista habla del fideicomiso que ha establecido el gobierno para la administración de la empresa eléctrica
Olivo Rodríguez Huertas, abogado y experto en derecho constitucional, se refirió a la iniciativa del gobierno de Luis Abinader para que la planta de Punta Catalina sea gestionada a través de un fideicomiso, y aseguró opinó que no ve inconveniente para que eso se produzca debido a que la misma se desenvuelve en el campo empresarial público.
El también ex embajador de la República Dominicana en el gobierno de Danilo Medina abordó el tema al participar en la entrevista central del programa de televisión “Encuentro Extra” que conduce los sábados, de 7:00 am a 8:00 am. por Color Visión, el periodista Cristhian Jiménez.
Al hacer su valoración, luego de que sectores políticos y sociales han objetado la decisión del gobierno de poner en manos de un fideicomiso la administración de Punta Catalina.
“Lo primero que hay que señalar es que la idea de Punta Catalina desarrolla actividad empresarial pública en el campo de la generación de electricidad que cuenta con formas de derecho privado, para suficiente gestión. Y tiene lógica porque al final cabo la actividad de generación de electricidad en nuestro país, o participación pública, como producto del proceso de la capitalización de empresas públicas en algunas plantas importantes, aunque eso exista está en manos esencialmente privadas. Es decir, Punta Catalina genera una inclusión pública en la actividad de generación y con ello vuelve a un esquema parecido al que estaba previsto a la ley de capitalización de la electricidad era generadora transmisora distribuidora y comercializador de electricidad”, comentó Huertas.
Manifestó que en uno de los gobiernos del expresidente Joaquin Balaguer se creó una legislación que permitió que decodificar un poco el tema de la generación de electricidad, con régimen de incentivo que permitía la incursión de las empresas privadas, lo que posibilitó la participación de un socio capitalista, quienes recibieron incentivos.
“Eso sido incluso exitoso hay mucha generación privada en diferentes campos como producto de distintos procesos que se ha dado que tiene un vínculo con es una es una realidad que el grueso de la actividad de empresarial pública en el campo electricidad. Es una realidad que el grueso de la actividad empresarial en el negocio de la electricidad y de ahí el hecho de que una institución como esa se maneje con los criterios de una empresa, que son más propio el derecho privado que es el derecho público”, acotó.
Recordó que desde el gobierno de Danilo Medina se planteó el uso de la figura de un fideicomiso o incluso, la posibilidad de constituir una sociedad comercial a la cual el Estado le aportará ese activo.
El fideicomiso, en principio es una figura totalmente del derecho comercial, de derecho privado, que se incorpora en nuestra legislación, con una ley que procuraba crear mecanismos incentivos para el desarrollo del mercado inmobiliario, en principio lo que se hizo fue se aprovechó esa ley de desarrollo del mercado inmobiliario, para establecer algo que no estaba regulado en nuestra específica, pero una figura como el fideicomiso que es más próxima obviamente al derecho privado, que al derecho público”, argumentó.
El jurista consideró que el presidente de Luis Abinader comentó un error cuando afirmó en una entrevista que Punta Catalina no era una empresa, que no era nada, olvidando que esta pertenece a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.
Recordó que Punta Catalina está organizada es una forma de derecho público porque la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales es organismo autónomo establecido al amparo de la Ley General de Electricidad.
Dijo que antes del proceso de la capitalización de las empresas públicas, la Corporación Dominicana Electricidad tenía el control de todo, pero con la modificación a la legislación permitió ejercer la actividad empresarial pública de generación de electricidad.
“Como el Banco Reservas es una entidad de intermediación financiera y su forma jurídica está organizada en forma de derecho público, un organismo del Estado, pero descentralizado. “Ahora bien utilizar ya el activo mismo en el fideicomiso, bueno general seguirá generando todavía mucho más mucho más discusiones, quizás el error del gobierno hay una figura que en el marco de los fideicomisos muy propio para el derecho privado, está previsto porque en la ley del fideicomiso está creado el fideicomiso adherente, eso es lo que ha creado suspicacia, porque otra cosa distinta sería que el Estado yo voy a invertir en esto quiero apalancarme no tengo los recursos voy a empezar a construir una plata, pero Punta Catalina”, afirmó.
Seguirá siendo del Estado
Contó que el Estado lo que ha debido hacer es explicar todo el proceso, porque en este tiempo la sociedad dominicana le reclama a las autoridades el manejo de los procesos porque esa es la vida pública, hay que explicarle claramente a la población, reseñó.
Olivo Rodríguez Huertas coincidió con lo planteado por el presidente Luis Abinader en el sentido de que Punta Catalina seguirá siendo propiedad del Estado, porque se puede poner fin a un fideicomiso. “No hay forma de que el fiduciario venga a comprometer ese activo. En el contrato hay otros puntos en los que pocos han reparado y que llaman la atención como el punto en el que se establece que en caso de que uno de los designados en el concejo no pueda asistir incapacidad, él puede designar quién es que lo va a sustituir, eso sí es más fuerte, sin embargo, no he visto críticas a eso”, indicó.
Huertas señaló que la Constitución establece un régimen para la actividad empresarial, Punta Catalina desarrolla una actividad empresarial, pero de titularidad pública. “La Constitución dice que la actividad empresarial pública y privada está sometida a la misma regla, es un mandato que está en la Constitución”, reflexionó.
Olivo Rodríguez Huertas calificó el contrato de atípico, pero entiende que es una iniciativa que tiene el propósito de un mejor uso de un activo público. “Creo que debieron ser más transparentes con el tema de los adherentes, pero pienso que hay que darle el beneficio al gobierno.
