SANTO DOMINGO. – Las instituciones a cargo de planes destinados al alivio de la pobreza, alimentación, nutrición escolar y protección de población vulnerable en general deberán adquirir los insumos necesarios para esos programas exclusivamente en la agroindustria y la industria nacional, siempre y cuando esta demuestre la capacidad de poder suministrarlos, en procesos competitivos de acuerdo con lo que establece la Ley Núm. 340-06 de compras y contrataciones públicas.
Así lo instruye el presidente Danilo Medina en el Decreto Núm. 86-20 emitido el viernes, cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo de la industria y la producción nacional y, por tanto, a la generación de empleo.
Entre las instituciones incluidas en el decreto están el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), Comedores Económicos del Estado (CEE), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).
Además, el Decreto contempla que las entidades contratantes promuevan una serie de incentivos para que en las adjudicaciones se tomen en cuenta a las empresas con buenas prácticas de manufactura y de sostenibilidad ambiental, que promuevan la igualdad de género, el empleo de personas con discapacidad y la inclusión de personas de la tercera edad.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, afirma que este decreto es un paso más de un Gobierno comprometido con el apoyo a los sectores económicos nacionales, extendiendo este desarrollo al territorio.
“En los últimos años abrimos las puertas de las compras y contrataciones del Estado a la micro y pequeña empresa, en especial a las mujeres proveedoras; también democratizamos el acceso al crédito, ampliando los fondos disponibles y bajando las tasas de interés en la banca pública”, destacó Montalvo, al enumerar otras medidas para impulsar la economía y generar empleo.
A modo de ejemplo, el ministro recordó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó de una inversión de un poco más de 3,200 millones de pesos en 2012 a más de 25,100 millones anuales en 2019, un aumento del 668% en ese periodo.
“En los últimos 7 años pasamos de 134 suplidores en 2012 a 1,678 proveedores de alimentos en 2019 gracias a que aumentamos en 382,000 los beneficiarios, e incrementamos el consumo de leche y pollo en ese periodo”, explicó.
Lo anterior ha sido posible por los esfuerzos que ha realizado también el sector privado, sin importar su tamaño, para responder a las políticas implementadas, participando, aportando e invirtiendo, para construir juntos gobierno – sociedad, una alianza para el desarrollo del país.
También, el Decreto crea el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores del Estado, a cargo del Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas para fomentar una mayor cantidad y calidad de proveedores del Estado en todo el territorio nacional.
Ambas instituciones, según sus competencias, elaborarán y difundirán guías, manuales, y utilizarán todos los mecanismos disponibles para capacitar a las entidades y a los proveedores y proveedoras que abarca este decreto.
Por otra parte, para comprobar que los bienes adquiridos por las instituciones públicas provienen de la industria nacional, el oferente deberá contar con un registro industrial, emitido por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), además de los otros requisitos que establezcan los pliegos de condiciones. En ese sentido, Proindustria establecerá, mediante instructivos, procedimientos expeditos para obtener ese registro.
Disposición refuerza medida del 2019. En mayo del 2019, el presidente Medina emitió el decreto 168-19, que estableció una nueva reglamentación en la compra de productos agropecuarios para contribuir al desarrollo económico nacional sostenible.
En esa ocasión se dispuso que las instituciones con presencia en el territorio lleven a cabo procesos dirigidos preferentemente a productores, fabricantes y proveedores de servicios ubicados en el lugar donde se identifique la necesidad.
Con esta nueva disposición, se extiende la medida a la agroindustria y a la industria nacional en el ámbito de las compras que realicen las entidades públicas para atender los planes y programas que están en el Decreto Núm. 86-20.
Estas medidas y otras más adoptadas, incluyendo la implementación del Portal Transaccional en 307 instituciones a la fecha, que conlleva la gestión completa incluida la presentación de ofertas en línea y la administración de los contratos, tienen como objetivo continuar desarrollando un modelo de compras públicas que responda a la realidad de los mercados nacional e internacional, según corresponda, y al bienestar de la población.
