SANTO DOMINGO, RD. – El verdadero debate público sobre la reforma fiscal en el país iniciará el próximo 20 de este mes de octubre con el panel titulado Pacto o reforma fiscal ¿callejón sin escapatoria?, que tendrá lugar en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional “Pedro Henríquez Ureña”, a las 5 de la tarde; según el director general de la revista País Dominicano Temático, periodista Rafael Menoscal Reynoso, en donde se presentará la edición número 12 de dicha publicación.
En el panel intervendrán el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán; el economista Henri Gebrard, la especialista en temas tributarios Juanita Canahuate y el vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco Cruz
A la actividad están invitados el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, funcionarios del gobierno, congresistas, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, las universidades, el poder judicial, economistas, abogados, dirigentes políticos y parte del cuerpo diplomático acreditado en el país.
En la nueva edición de la revista cuatrimestral, en donde expertos nacionales y extranjeros abordan temas desde distintos enfoques, se publican artículos de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco; el senador Antonio Taveras Guzmán, el vicedecano de Economía de la UASD, Antonio Ciriaco Cruz; el exministro de Economía y Desarrollo, Isidoro Santana; el embajador de España en Angola, Manuel Hernández Ruigómez; y el economista dominico francés Henri Gebrard.
También firman análisis el viceministro de Fomento a las Mipymes, Jorge Morales Paulino; los economistas Fabricio Gómez Mazara, Nicolás Jiménez, Manuel Salazar, Franklin Vásquez, Luis Mota, Enoé Domínguez, así como Juanita Canahuate y Waddy Castellano Mateo.
Menoscal Reynoso anunció que la primera edición del año 2022 de la revista País Dominicano Temático se presentará en febrero, y abordará el tema: “Sistema de justicia, corrupción administrativa y transparencia”, en la que esperan la participación de la Dirección General de Ética Gubernamental, la Procuraduría General de la República, así como de la FINJUS y Participación Ciudadana.
