Santo Domingo.- El Centro de Estudios de Género (CEG), del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), cuestionó la decisión judicial del tribunal de Puerto Plata, en el caso del pelotero Wander Franco, institución que, a pesar de haberse reconocido la culpabilidad y responsabilidad del deportista, en la ocurrencia de hechos penalmente reprochables, le otorgó un perdón judicial y le eximió del cumplimiento de una pena.
«El caso de Wander Franco, más allá de su dimensión mediática y deportiva, coloca nuevamente al país frente a una pregunta dolorosa: ¿qué protección real ofrece el Estado dominicano a las niñas y adolescentes cuando la violencia sexual se cruza con poder, dinero, fama y desigualdad?. La respuesta que deja esta decisión no puede ser más preocupante», advirtió Desiree del Rosario, coordinadora del CEG.
En tal sentido, la reconocida académica reconoció que el perdón judicial existe en el ordenamiento jurídico dominicano, pero que su aplicación no puede analizarse al margen del tipo de delito, de la edad de la víctima, de la relación de poder entre las partes y del efecto social que produce una decisión de esta naturaleza.
«La combinación de culpabilidad reconocida y ausencia de sanción efectiva, es precisamente lo que vuelve el caso tan grave desde una perspectiva de derechos humanos, género y protección integral de la niñez», advirtió del Rosario.
En ese mismo tenor, la también abogada explicó que hay decisiones judiciales que no solo resuelven un expediente, sino que también producen un mensaje social.
«Cuando el sistema penal reconoce abuso sexual y psicológico contra una adolescente y, aun así, decide no imponer una consecuencia proporcional al adulto responsable, el mensaje que se instala es profundamente peligroso: que la violencia contra las niñas puede ser reconocida, pero también perdonada», advirtió del Rosario.
En ese mismo orden, desde una lectura feminista y de protección de derechos, Desiree entiende que lo más alarmante no es solo el resultado del fallo, sino el razonamiento que lo acompaña.
«Las expresiones atribuidas al magistrado José Ramón Núñez, presidente del tribunal, no pueden tratarse como un exceso menor de lenguaje. Por igual, la frase reportada por la prensa: «mujeres fáciles de consecuencias difíciles», no es una expresión desafortunada aislada; es una forma de nombrar la violencia que desplaza el centro de gravedad desde la protección de una adolescente hacia la sospecha moral sobre las mujeres», lamentó.
Misoginia judicial
En ese mismo orden, la defensora de los grupos vulnerabilizados advirtió que la misoginia judicial (manifestación de prejuicios y estereotipos de género dentro del sistema de justicia, que resulta en la revictimización de las mujeres, la impunidad de los agresores y sentencias que minimizan la violencia de género), no siempre se presenta como una negación abierta de derechos, sino que también veces aparece en el lenguaje, en las categorías utilizadas y en la manera de organizar el relato de los hechos.
«Aparece cuando una adolescente deja de ser vista, ante todo, como sujeto de especial protección y el adulto imputado pasa a ocupar el lugar de víctima principal. Aparece cuando una situación de abuso es nombrada como una «relación anómala», como si el problema central fuera la irregularidad del vínculo y no la violencia sexual y psicológica ejercida contra una persona menor de edad; y también aparece cuando la carrera, el prestigio o la pérdida económica de un hombre adulto, son colocados en la misma balanza que la dignidad, la integridad y los derechos de una niña», detalló la experta.
«Una justicia sin perspectiva de género termina interpretando la violencia desde los ojos del agresor. Una justicia sin enfoque de niñez termina exigiendo a las adolescentes niveles imposibles de claridad, pureza o resistencia. Una justicia sin conciencia de poder termina llamando «relación» a lo que debe nombrarse como abuso. Y una justicia que perdona al adulto después de declarar probada su responsabilidad, envía un mensaje de desamparo a todas las niñas que algún día podrían necesitar creer en las instituciones», advirtió la académica.
De igual manera, del Rosario subrayó que la protección de las niñas y adolescentes no es responsabilidad exclusiva del sistema judicial, sino también del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), órgano rector del Estado dominicano llamado a garantizar, por igual, la protección integral de los derechos de la niñez.
«CONANI no puede permanecer al margen de casos como este; su mandato le exige actuar, vigilar y pronunciarse cuando los derechos de una adolescente han sido vulnerados», señaló.
Por último, la destacada activista social advirtió que cuando la justicia perdona al agresor después de reconocer el abuso, el Estado abandona a las niñas. Y que ese abandono, no puede ser aceptado como decisión ordinaria.
«Debe ser nombrado, cuestionado y corregido. Porque la vida, la dignidad y los derechos de una adolescente valen más que cualquier carrera, cualquier apellido y cualquier poder», finalizó.
