La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene pendiente decir si mantiene o revoca la prisión preventiva a los imputados por el caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud y Administradora de Riesgo de Salud (Senasa).
Al cierre de esta edición, la Corte que empezó desde tempranas horas de la mañana el conocimiento de los recursos interpuestos por el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, a quien junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera le dictaron 18 meses de prisión como medida cautelar, no había concluido la audiencia.
De igual manera, está apoderada de la instancia interpuesta por el abogado, querellante y actor civil, Miguel Surun, en contra del arresto domiciliario que fue dictado a los empresarios Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes con el Ministerio Público en la investigación.
El Ministerio Público los acusa de afectar con más de 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional y a tales fines, les acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Resolución del PJ es su mejor prueba
La defensa de Hazim, el cual se ampara en la resolución del Comité de Ética del Poder Judicial para criticar la decisión del juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente, Rigoberto Sena, al emitir su fallo, reiteró que a su juicio fue un fallo basado en literatura y en la Biblia y que eso no está contemplado por la ley.
“Ninguna sentencia en la República Dominicana, y así lo dijo el Comité de Ética del Poder Judicial, debe motivarse ni en la Biblia ni en literatura sino en lo que la ley dice. Hemos dicho que esa resolución brilla por, uno, no trata lo del arraigo del señor Hazim, no trata el peligro de fuga del señor Hazim, no trata si él está obstruyendo pruebas”, expresó Miguel Valerio.
Además, también reiteró su postura respecto a que la prisión preventiva de 18 meses es una medida inconstitucional, irracional, y que su cliente ha rebajado entre 70 y 80 libras de su peso desde que ingresó al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y en algún momento pedirá que una junta médica evalúe su condición como paciente de esclerosis múltiples.
“Nosotros hicimos un ataque ni siquiera a la solicitud del Ministerio Público, ni siquiera hablamos de eso. Sino a lo desmedido, desproporcional y a lo antiético de la resolución de primer grado”, destacó.
MP pide que se mantenga la medida de coerción
El Ministerio Público pidió al tribunal mantener la medida dictada por el juez Sena al considerar que se corresponde con la gravedad de los hechos y el perfil de los imputados. Afirman que la alta gerencia de Senasa obtuvo contratos millonarios fraudulentos, a cambio de soborno; constituyeron una red de empresas de carpeta para el lavado de activos; y generación de cientos de facturas ficticias para sustentar operaciones igualmente ficticias.
